Por Alberto Llana
Si el primer director general civil de la Guardia Civil dejó una huella incontestable -para mal-, en la historia del Cuerpo, esta señora llamada María Gámez, que actualmente ocupa el mismo puesto que el infame Luis Roldán, dejará una herencia similar. Igual no, porque los motivos serán distintos y no van por ahí los tiros, digo similar por el infausto recuerdo que evocará su nombre en las personas que están padeciendo su gestión al frente de la Benemérita. En su corta, de momento, estancia en el despacho principal del acuartelamiento de la madrileña calle de Guzmán el Bueno, hay pocas cosas positivas que destacar. Si algo se me ocurriera antes de terminar de escribir estas líneas, borraría lo anterior y lo expondría, pero me temo que no va a ser así. Al poco de arribar a estas beneméritas costas le tocó lidiar con la pandemia y el consiguiente Estado de Alarma. En ese sentido ya comenzó a fallar. Cabe recordar que en el mes de febrero de 2020 los servicios de prevención de la Guardia Civil advirtieron de lo que se avecinaba y poca o ninguna previsión hubo al respecto de cara a preparase para ello. Lógicamente María Gámez no es culpable de haber tardado en tomar la decisión de confinar el país diez o quince días más tarde de lo aconsejable, ya que ese tipo de resoluciones se cocinan a niveles mucho más altos que el que ella ostenta y no tengo razones para dudar que trasladaría a sus superiores las opiniones de los expertos del Cuerpo, del mismo modo que harían otros departamentos en sus respectivos ámbitos. Sin embargo sí es la máxima responsable de no haber adoptado medidas preventivas en aras a proteger a sus subordinados de lo que se estaba por llegar, toda vez que las advertencias eran claras al respecto.-
Tal es así que cuando todo quedó desbordado y el virus se extendía casi sin freno por dentro de nuestras fronteras, los miembros de la Guardia Civil salieron a cumplir sus obligaciones sin medidas de protección prácticamente, llegando a darse casos, denunciados en su momento por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), en los que se amenazaba a los agentes por usar sus propias mascarillas toda vez que, según algunos de sus superiores, daba mala imagen de cara a la población. Por aquellos tiempos la Gámez estaba emboscada en su despacho y los compañeros ignoraban si seguía al frente del Instituto o la habían sustituido por un monigote, que a fin de cuentas hace lo mismo y sale más barato, aunque solo sea por la pasta que se ahorra el erario público en viajes de ida y vuelta entre Madrid y Málaga. Y cuando le dio por hacer acto de presencia y acreditar que seguía en el puesto en el que la puso Marlaska, lo hizo para decirle a los guardiaciviles que el tercer tramo monetario del Acuerdo de Equiparación firmado en 2018 se iba a realizar de forma desigual, de tal modo que a mayor Empleo, mayor subida, quebrando nuevamente el espíritu con el que se rubricó el pacto. Y no contenta con eso, también certificó que se iba a 'fumar' los cientos de millones previstos para impulsar la vuelta al Servicio Activo de aquellos miembros del Cuerpo en situación de Reserva y, además, que tampoco movería un dedo por reivindicar el cumplimiento total de las cláusulas que figuran en el texto del mencionado Acuerdo.-
Posteriormente impulsó cambios para hurtar un buen pellizco de la compensación económica denominada 'Productividad' que perciben mensualmente sus subordinados porque, ya saben, ese dinerito le pertenece a ella -y sobre todo a los 'fajinerosos'- y son ellos en comandita los que deciden cuántas migajas arrojan hacia 'abajo'. Y la penúltima, por el momento, afrenta a la institución es la relacionada con su participación en la campaña electoral de las pasadas elecciones madrileñas, primero, y poco más tarde al decantarse por uno de los candidatos que se presentan a dirigir su partido en Andalucía, dando buena muestra de que todavía no ha asimilado el cargo que ocupa y las obligaciones que conlleva. Sin duda alguna, el Duque de Ahumada le daría una buena patada en el trasero y la enviaría al 'Fijo de Ceuta', que era donde iban a parar los guardias que causaban baja en el Cuerpo por mal comportamiento pero no no habían extinguido todavía el tiempo de enganche comprometido, allá por los albores de nuestra larga historia.-
No contenta con lo expuesto, y muchas más cosas que les ahorro para no aburrirles en demasía, ahora les comunica a los miembros del Cuerpo que se pasa por el forro de sus caprichos una sentencia del Tribunal Supremo que reconoce que la ya mentada Productividad se estaba pagando mal desde comienzos de 2016 [Más información: SENTENCIA SOBRE PRODUCTIVIDAD ESTRUCTURAL (wixsite.com) ]. Lo que cabría esperar de cualquier persona medianamente razonable es que asumiera el error heredado, ya que lo cierto es que no lo parió ella, ni siquiera su antecesor, y se mostrara dispuesta a desfacer el entuerto de motu propio dado que la doctrina jurisprudencial así lo ha dictaminado. Lejos de ello ha hecho lo que, por desgracia, esperábamos casi todos los que conocemos el paño, o sea, darle la espalda a los integrantes de la Benemérita y decirles que se vayan buscando la vida como buenamente puedan, que a ella no la pusieron para encarar cuestiones nimias como hacer justicia y pijadas similares. Imagino que en su decisión pesaron las previsiones económicas elaboradas al respecto y que sitúan el débito en unos 14 millones de euros. Veamos, si acometiera de oficio el arreglo del problema tendría que desembolsar el dinero durante este ejercicio presupuestario, mientras que si se desentiende, las resolución de las reclamaciones que se están haciendo tardarán más de un año en resolverse, quizás más de dos, y para entonces ya se verá quién tiene que lidiar este morlaco. Por otro lado, esas reclamaciones solamente pueden retrotraerse un periodo de cuatro años, como mucho hasta mayo de 2017 y no desde comienzos de 2016, por lo que se ahorrará año y pico de regularización, que no es moco de pavo, lo mires como lo mires. Así mismo está la cuestión de que algunos ni siquiera lo soliciten, y eso es otro pellizco, que juntado con otros que desistan a medio camino o -por qué no-, pierdan en los tribunales sus demandas, pues como que no resulta demasiado práctico eso de impartir justicia.-
Y como ya le da igual ocho que ochenta, intenta explicar este desaguisado con una nota informativa dirigida a sus subordinados que haría sonrojar a cualquier persona a la que le quedara un mínimo rastro de vergüenza en sus carnes [Consultar: COMUNICADO DESINFORMATIVO (wixsite.com) ]. Para los profanos en esta historia cabe exponer un ejemplo: imaginen ustedes que su empresa les abona una partida económica mensual en consonancia con lo que producen. Tal cantidad está ligada a las subidas salariales que se experimenten cada anualidad, si las hubiera. Pues resulta que desde comienzos de 2016, observan que el montante que perciben continúa inalterable pese a que sí se incrementan los salarios. Ustedes se lo recuerdan a su empresa que, por los cauces legales establecidos, les mandan a freír espárragos. Plantean la problemática ante los tribunales de justicia y han de esperar hasta abril de 2021 para que finalmente el Supremo confirme que tenían razón y que ese concepto dinerario debió acrecentarse cada año en la misma proporción que el resto de la nómina. Supongo que después de ello es lícito y lógico esperar de su empresa que haga caso a la jurisprudencia de la Sala de Justicia, acceda a revisar lo que les debe desde hace más de cinco años y regularice la situación. Pues no, en la Guardia Civil si resulta lógico y máxime si se deriva un derecho o un céntimo de euro a favor de los sufridos guardias, no se hace por voluntad propia. En esa línea, María Gámez ha certificado la felonía y me da igual si no es invención suya o si argumenta que no hay dinero para afrontar la contingencia, porque no tengo duda alguna de que ya se lo esperaban desde hace tiempo en la Dirección General. Verán, que el asunto terminara en el Supremo al objeto de formación de jurisprudencia viene dado por el hecho de que anteriormente hubo dos sentencias contradictorias. Una emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que estimó la demanda y otra en similar tribunal de Madrid, que la desestimó. Por ello hubo de acudir al Alto Tribunal para que arrojase luz sobre la problemática. El recurso de casación se interpuso en abril de 2019 y ha tardado más de dos años en resolverse de manera favorable para los funcionarios. En ese lapso temporal, la Dirección General del Cuerpo llegó a la conclusión de que tenían las de perder y habrían de desembolsar unos cuantos millones, por ello acometieron y aprobaron una reforma de la norma que regula la Productividad con el objeto de atajar en el futuro disgustos como el presente. Así, desde comienzos de marzo de este año las reglas del juego han cambiado tras cobrar vigor la nueva Orden General, lo que a fin de cuentas supone otra barrabasada en el haber de María Gámez, la cual ya se ha ganado el apelativo de 'Roldana', por lo expuesto al comienzo de este comentario.-
