Por Alberto Llana Publicado el 04 de abril de 2017
A resultas del lío organizado entre la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico por cuenta del pisito adjudicado (o no) al Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, el actual Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tuvo que responder a ciertas cuestiones planteadas por los grupos políticos con representación en la Cámara Baja. Y hay que reconocer que el titular del Ministerio estuvo increíble.-
De una parte, el tono adoptado en sus contestaciones ya delataba el disgusto que le embargaba por la ‘pillada’ en el embuste, su falta de agilidad en las aclaraciones y sus meteduras de pata continuas, por desconocimiento de la materia y también por el mal asesoramiento de sus colaboradores más cercanos. Sin olvidar que, al salir varias partes a dar explicaciones tratando de quitarse la responsabilidad que le tocaba en la irregularidad, las excusas llegaron a contradecirse unas con otras. Ante esta realidad, el talante adoptado por Zoido fue el de que la mejor defensa es un buen ataque, olvidando por completo que acometer contra el mensajero o contra quien pregunta por el dislate proyecta sensación de culpa. Y por ello Zoido no resultó creíble en sus explicaciones.-
Luego está la cuestión de las réplicas ministeriales en sí mismas. Como ya dije en un anterior comentario, aferrarse a la excusa de que no se ha cometido ilegalidad alguna no cuela. El hecho de que la adjudicación del pabellón (pisito) haya quedado abortada por el escándalo no es óbice para que deban dirimirse las responsabilidades, tanto políticas o disciplinarias a que hubiera lugar, porque el intento de saltarse la normativa referente a los Pabellones oficiales de la Guardia Civil resulta claro y hay documentos que lo demuestran. La Administración ha intentado justificar sus actos en base a otros documentos que tienen toda la pinta de haber sido confeccionados, precisamente, para echar un tupido velo sobre la adjudicación y reforma de un pabellón a una persona sin derecho alguno sobre el mismo. Así, la confirmación ministerial de la visita de Serrano al pisito de marras avala esta tesis. Esa inspección de la vivienda, realizada el día 3 de febrero, es a todas luces el desencadenante del escrito de fecha 8 de febrero dirigido por el general Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a la secretaría particular del Director General de Tráfico, en el que solicita la utilización de alguna de las instalaciones ubicadas en la sede de la Dirección General de Tráfico por necesidades derivadas del servicio. Petición que tuvo cumplida respuesta el 15 de febrero pasado, a través de un escrito firmado por el propio Gregorio Serrano, en el que accede a la petición siempre que se pueda disponer, por parte de Tráfico, de una de las viviendas que la Guardia Civil tiene en Madrid.-
Pero la cosa no termina aquí, Zoido, en un intento de parecer transparente en sus explicaciones, dijo en el Congreso que el hotel en el que Serrano se había alojado hasta solucionar su problema de vivienda, lo había pagado con sus dietas de funcionario. Ante ello cabe repasar la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio (Real Decreto 462/2002), el cual estipula que será de aplicación al personal, civil y militar, que presta servicios en la Administración General del Estado y los Organismos públicos vinculados o dependientes de ella, por lo que bien podría encuadrarse al señor Serrano en dicho ámbito, pero no como funcionario, que no lo es. Sin embargo cuando consultamos los principios generales que regulan esta materia, comprobamos como se recoge que “Darán origen a indemnización o compensación los supuestos siguientes, en las circunstancias, condiciones y límites contenidos en el presente Real Decreto”, las comisiones de servicio con derecho a indemnización, los desplazamientos dentro del término municipal por razón de servicio y los traslados de residencia. También dice que “Toda concesión de indemnizaciones que no se ajuste en su cuantía o en los requisitos para su concesión a los preceptos de este Real Decreto se considerará nula, no pudiendo surtir efectos en las cajas pagadoras, pagadurías, habilitaciones u órganos funcionalmente análogos”. Dado que Gregorio Serrano, por razón del cargo que ocupa, en Madrid, no puede acogerse a ninguna de las circunstancias antedichas para recibir la dieta correspondiente a “alojamiento”, queda por aclarar qué tipo de dieta estuvo percibiendo y quién autorizó el pago de la misma.-
También merece detallada explicación la afirmación de Zoido relativa al presupuesto de reforma aprobado para el ‘pisito’. Así, explicó que el 10 de febrero se solicitó oferta a siete empresas del sector y el 23 de febrero, una vez hecha la apertura de las propuestas económicas, se acordó proponer al órgano de contratación la adjudicación y ejecución de la obra “a la más económica por importe de 53.622,49 euros”. Primeramente cabe esclarecer por qué se pide presupuesto el 10 de febrero cuando ni siquiera el señor Serrano ha contestado a la misiva del general Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, aceptando, como se ha dicho, un presunto intercambio de instalaciones, algo que hizo con fecha 15 de febrero. De igual forma convendría arrojar luz sobre las razones de aceptar un presupuesto que no es el más económico, dado que había otro de inferior cuantía, concretamente de poco más de 50.000€. O por qué dice de manera categórica que esa reforma se enmarca en las obras de mantenimiento normales que se acometen cuando un pabellón del Cuerpo queda vació, algo que sabemos que no ocurre normalmente. Es más, la obra licitada no era ‘de mantenimiento’, sino una gran reforma en toda regla, como se ilustra en los planos publicados en los medios. Reforma, además, que se ajusta a las necesidades familiares concretas de Gregorio Serrano y, no lo olvidemos, tras su visita personal a la vivienda.-
Asimismo debería ilustrarnos el señor ministro acerca de quién acompañó a Serrano en esa controvertida inspección del piso, ya que es de suponer que alguien debería llevar las llaves del mismo para que el ínclito pudiera acceder a su interior. Y ese alguien debió ser un miembro de la Guardia Civil, bien por iniciativa propia o bien por mandato superior (más bien lo segundo). También resulta lógico suponer que esa persona o personas tomarían buena nota de las reformas a realizar para dejar el pabellón a gusto de su futuro usuario, al objeto de solicitar los diferentes presupuestos ya mencionados. Por tanto resulta necesario saber quién dio las órdenes oportunas para que todo esto sucediera y las razones de ello.-
Para no alargar demasiado este comentario dejaré el tema del derecho histórico por parte del Director General de Tráfico a ocupar un pabellón de la Guardia Civil mentado por Zoido y otras cuestiones adicionales que demuestran a las claras que Zoido estuvo increíble ofreciendo explicaciones sobre este turbio asunto. Más que nada porque no hay quien se las crea.-
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