EL FULLERO MARLASKA
- LlanAUGC
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Por Alberto Llana
El pasado 02 de abril, los diputados del Grupo Popular Ana Belén Vázquez Blanco y Fernando de Rosa Torner recibieron una respuesta gubernamental, fechada el 26 de marzo, que daba explicaciones a una pregunta efectuada por los susodichos el 19 de febrero de 2025 en orden a conocer las razones por las que el Abogado del Estado recurrió la sentencia (obtenida por la AUGC) que obligaba al cumplimiento del Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en el mes de marzo de 2018 entre el Gobierno y los representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional así como los motivos por los que este Ejecutivo no cumple con la totalidad de lo acordado.-
En la contestación recibida, el Gobierno admite que ha presentado recurso de Apelación contra la Sentencia nº 113/2023, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso nº 3, de 27/06/2023, toda vez que considera cumplido el Acuerdo de marzo de 2018, pese a que el veredicto ordenaba al Ministerio del Interior cumplir con las cláusulas tercera y octava contenidas en el mismo. De hecho, la primera reacción ministerial fue la de asegurar que «Tras completar en esta legislatura una subida de sueldo del 38 por ciento de media para los agentes de los dos cuerpos, el Ministerio seguirá trabajando en la mejora de sus condiciones». Para conocer el contexto en el que se dijo tal cosa cabe recordar que el Fallo del Juzgado Central se conoció poco tiempo antes de comenzar la campaña electoral para las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y no quedaba muy bien anunciar que se recurriría(*). De hecho, en lo único en que ha trabajado (y muy bien, por cierto), el señor Marlaska desde entonces es en aumentar las retribuciones de los agentes de los cuerpos policiales autonómicos. Felicidades a los agraciados.-
El motivo del recurso de Apelación es que consideran cumplido el repetido Acuerdo dado que «desde el año 2017 a diciembre de 2025 los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), hayan experimentado una subida salarial, promedio, del 38,41 por 100; es decir, un 21,12 por 100 por encima del resto de funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado». De principio, el mes de diciembre de 2025 está por llegar (recordemos que esta respuesta está datada el pasado 26 de marzo de 2024). De segundas, me asombra lo claro que tienen ahora lo que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando no hace mucho el propio Presidente Sánchez intentaba justificar la futura cesión del control de fronteras a los Mossos afirmando que pertenecían a ese grupo, cosa que sabemos no es cierta. De igual forma, llama poderosamente la atención esa comparativa con el resto de funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado, cuando lo justo sería cotejar las remuneraciones entre funcionarios que realizan las mismas funciones, esto es, entre agentes dependientes del Estado y agentes que dependen de Comunidades Autónomas.-
Finaliza la respuesta gubernamental haciendo referencia al informe del Consejo de Estado de 21 de marzo de 2019, «en cuyo contenido se puede comprobar las obligaciones del Gobierno en lo relativo a cada una de las cláusulas integrantes del mencionado Acuerdo». Vuelven a usar la excusa del informe del Consejo de Estado, el cual no se hubiera solicitado de tener este Ejecutivo la intención de cumplir lo acordado. Lo que ocurre es que cuando Pedro Sánchez (y Marlaska), llegan a la bancada azul del Congreso, el compromiso estaba firmado y publicado en el BOE. Es más, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 ya habían comenzado su tramitación y en ellos estaba incluida la partida presupuestaria destinada al primer desembolso monetario de los tres que contemplaba el Acuerdo. Si se requirió la opinión del Consejo de Estado fue para tener un pretexto de cara a no cumplir con el resto de lo convenido. Lo que ocurrió finalmente es que hubo que prorrogar los PGE de 2018 para 2019 y también 2020, con lo que esa primera partida presupuestaria destinada a aumentar las retribuciones de guardiaciviles y policías nacionales en tales ejercicios seguía estando ahí y, por ello, el Gobierno cumplió esa parte del Acuerdo. A buen seguro hubiera sucedido algo muy diferente de haber tenido capacidad para elaborar y aprobar unos PGE propios.-
El caso es que esos 807 millones de euros recogidos en el convenio sí que llegaron a sus destinatarios, aunque mal repartidos, sobre todo en el caso de la Guardia Civil, cómo no. Sin embargo otras cuestiones importante se quedaron en el tintero, como el contenido de la cláusula Tercera: «Se destinarán 100 millones de euros cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo», y el de la cláusula Octava: «El Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones». Cuestiones que la Sentencia recurrida en Apelación ordena renegociar. Y ahora viene lo irrefutable: si el Gobierno considera cumplido el Acuerdo no tendría la necesidad de responder a la pregunta del Grupo Popular con sandeces. Como muestra un botón. Si el pronunciamiento judicial ordenara renegociar los mentados 807 millones, el Ejecutivo podría demostrar sin género de dudas que ese dinero ya ha sido adjudicado a sus destinatarios. Sin embargo no puede demostrar que los cien millones de euros en cada uno de los tres ejercicios (2018, 2019 y 2020) cuyo objeto era incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al Servicio Activo hayan sido adjudicados, como tampoco puede mostrar medida legislativa alguna para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones.-
En fin, que el señor Marlaska y por extensión el resto del Gobierno sólo tienen una intención, la cual no ha variado desde que llegaron al poder. La de mantener las desigualdades salariales entre los agentes de policía estatales y autonómicos. De ahí el recurso de Apelación, el cual, por cierto, va camino de dos años sin resolverse.-
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