Por Alberto Llana
Tras la sentencia de la Audiencia Nacional que ordena «iniciar una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava con los firmantes del Acuerdo en representación de Sindicatos de la Policía Nacional y de las Asociaciones Profesionales de miembros de la Guardia Civil», se ha publicado una noticia que afirma que el ministerio del Interior se compromete a subir del sueldo de guardiaciviles y policías nacionales tras el revés judicial, lo que me ha provocado la risa floja. De principio, tal postura se adopta a escasos veinte días de unas elecciones generales, por lo que recurrir en apelación dicha sentencia no interesa políticamente pese a que exista esa posibilidad y, por otra parte, nadie garantiza que si hay cambio de Gobierno no se retire finalmente el recurso, por lo que la sangría de votos que podría conllevar no resulta nada práctica. De segundas, que un Gobierno que no quiso cumplir ni una coma del Acuerdo salarial firmado en marzo de 2018 venga ahora comprometiéndose a subir el sueldo de los agentes tan sólo tiene una explicación, y es la misma ya mentada: las elecciones generales, punto. Y de terceras porque no otorgo ni un ápice de credibilidad a quien promete una cosa, luego hace la contraria y se excusa asegurando que no mintió sino que llegado el momento 'rectificó' su postura.-
Según Enrique Recio, periodista que firma el artículo publicado en THE OBJECTIVE el pasado 02 de julio, «las fuentes consultadas por este periódico destilan optimismo, aunque no dicen cuándo ni cómo.“Tras completar en esta legislatura una subida de sueldo del 38 por ciento de media para los agentes de los dos cuerpos, el Ministerio seguirá trabajando en la mejora de sus condiciones”». Pues sí, en esta legislatura que gracias a Dios por fin termina, se ha producido una importante subida salarial... heredada del anterior Gobierno que fue quien firmó el Acuerdo. A este Ejecutivo moribundo no le quedó más remedio que cumplir una parte de ese compromiso porque, recordemos, una de las primeras cosas que hizo Fernando Grande-Marlaska tras agarrar bien fuerte su cartera ministerial fue solicitar al Consejo de Estado un informe que aclarara hasta qué punto el nuevo Gobierno del que formaba parte debía respetar ese Acuerdo, por lo que las intenciones no dejan lugar a dudas. Más tarde rechazó el primer estudio realizado por una consultora al objeto de fijar los criterios objetivos que garantizaran la equiparación salarial entre agentes estatales y autonómicos. Ese estudio concluía que hacían falta unos 700 millones de euros más de los consignados en el Acuerdo y llegó a ser calificado como “bodrio” por la entonces Secretaria de Estado de Seguridad. Marlaska ordenó rehacer el dosier y, como por arte de magia, el segundo concluyó que con los 807 millones contemplados en el pacto la equiparación salarial estaba lograda.-
Tampoco está de más rememorar el descaro del ministro que tras asimilar que por lo menos esos 807 millones de euros iban a ser repartidos entre los miembros de la Benemérita y la Policía Nacional, no dudó en afirmar que el Acuerdo había sido firmado por su Gobierno. O tiene una pésima memoria o se piensa que quien la tiene son los demás. Y llegados a este punto debo volver a insistir en varios hechos cruciales que motivaron que ese montante dinerario llegara a las cuentas bancarias de los agentes. Cuando Pedro Sánchez se hace con la presidencia, la Ley de Presupuestos Generales del Estado (los PGE) para 2018 ya había comenzado su tramitación parlamentaria y no se pudo meter mano en ella. En esos PGE, elaborados por Cristóbal Montoro, estaba incluida la partida correspondiente a ese año (el total de 807 millones había que repartirlos entre los años 2018, 2019 y 2020), es decir 310 millones, que eran los previstos para ese primer ejercicio (250 para 2019 y 247 para 2020). Y a lo anterior le añadimos que en esos dos años siguientes el Gobierno no pudo aprobar ley presupuestaria alguna, debiendo prorrogar los de 2018, lo que deriva en que no solamente en 2019 y 2020 había dinero para continuar con el cumplimiento del Acuerdo sino que incluso sobró parné.-
Otro detalle más sobre este asunto que salta a la vista. La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso aludida al comienzo de estas líneas ordena al ministerio del Interior iniciar una renegociación por su falta de actividad a la hora de cumplir lo rubricado. Ni destinó 100 millones de euros anuales para incentivar el reingreso del personal en Reserva de la Guardia Civil o Segunda Actividad de la Policía Nacional ni realizó acción alguna encaminada a impulsar las medidas legislativas que fueran necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones. En otras palabras, quien lleva cinco años remoloneando se encuentra un varapalo judicial a veinte días de jugarse su futuro político y de repente “destilan optimismo”, según se dice en el artículo periodístico. Yo también destilo optimismo, pero en la creencia de que no será el Marlaska quien deba renegociar nada con guardiaciviles y policías nacionales. A ver si se confirma.-
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