Escrito por LlanAUGC 01-04-2018
Por Alberto Llana
Al margen del conocido acuerdo entre el Gobierno y las asociaciones y sindicatos representativos de funcionarios de la Guardia Civil y Policía Nacional, se ha rubricado hace poco otro acuerdo en el marco de la Mesa General de la Función Pública, el primero en los últimos diez años, que incluye una subida salarial para los empleados públicos de entre el 6% y el 8,8% durante el trienio 2018/2020, en función de la evolución del crecimiento económico y del cumplimiento del objetivo de déficit público en el 2020. Más concretamente, las previsiones del acuerdo estipulan un incremento monetario fijo del 1,75% para 2018; del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB, que elevarían las cifras al 1,95%; 2,5% y 2,3%, respectivamente, contemplándose una prima del 0,55% en 2020 de cumplirse los objetivos de déficit público ese año. Con todo ello y aún en el mejor de los casos, y si se llega a cumplir lo firmado, los funcionarios no recuperarán el poder adquisitivo que tenían antes de comenzar los tijeretazos a sus nóminas con el 'zapatazo' del 5% acaecido allá por 2010 y las sucesivas congelaciones salariales de los años siguientes, que sitúan la merma en un 17%, casi el doble de lo que podrían llegar a recuperar en el trienio al que se circunscribe el mentado acuerdo.-
El pacto, que afecta a todos los funcionarios públicos, incluidos guardiaciviles y policías nacionales, ha sido rubricado por los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que son las organizaciones con representatividad suficiente como para sentarse en la Mesa General de la Función Pública, órgano donde se debaten estas y otras cuestiones reguladas en el Capítulo IV del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Hace cosa de un año, el Tribunal Supremo rechazó un recurso interpuesto por otro sindicato de trabajadores que solicitaba se reconociera su representatividad al objeto de poder estar presente en la repetida mesa negociadora. La Ley Orgánica 11/1985 establece en sus artículos 6 y 7 los condicionantes que deben acreditar las organizaciones sindicales para ser consideradas representativas y tener oportunidad de negociar con las diferentes administraciones. Llama la atención lo recogido en el artículo 6.1 de la mencionada LO: “La mayor representatividad sindical reconocida a determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de acción sindical”. Lógicamente, el sindicato no representativo ha expresado su rechazo al acuerdo firmado por el resto porque, en su opinión, resulta insuficiente para recuperar los derechos sustraídos a los empleados públicos desde el comienzo de la crisis.-
Imagino que los encargados de negociar este acuerdo en nombre de todos los funcionarios públicos habrán sido conscientes de que el mismo no soluciona, ni siquiera revierte, los retrocesos habidos en los últimos ocho años -y no solo retributivos-, al igual que habrán tenido en cuenta que no se alcanzaba un pacto similar desde hace una década. Asimismo habrán sopesado que ligar el incremento salarial al crecimiento económico del país y no al IPC conllevaría una mayor certidumbre a la hora de asegurar que los aumentos en las nóminas de los funcionarios sean del mayor porcentaje posible, dentro de los acordados en el convenio. De igual forma habrán ponderado la situación actual de otros colectivos que con razones justificadas piden también una subida en sus retribuciones. Sea como fuere se ha llegado al acuerdo y por mucho que miro no veo que ello haya generado la crispación que se ha desatado tras la firma del convenio entre las organizaciones representativas de policías y guardiaciviles con el ministerio del Interior. Cada cual es libre de pensar como quiera, yo mismo he expresado mi parecer sobre ello ( https://gijontrasgu.wixsite.com/website/post/decisi%C3%B3n-tomada ), pero me da la impresión que a unos cuantos les falta madurez y/o conocimientos para argumentar su postura y se dejan llevar por mensajes cortos y directos vistos en redes sociales y que en demasiadas ocasiones van acompañados de tesis erróneas ajenas al objeto del proceso negociador desarrollado.-
Por ejemplo, en el acuerdo de la Mesa General de la Función Pública no se ha tratado el tema de las pensiones. Y no se ha ha hecho porque queda fuera de su ámbito. Los funcionarios jubilados o retirados dependen de otro sistema retributivo y sus emolumentos fueron fijados en su día en consonancia con lo cotizado por cada cual y las reglas establecidas por las normas que regulan ese sistema. A partir del momento en que se establece su haber pasivo, los incrementos dependen de lo que recojan los Presupuestos Generales del Estado y, para mejorar las pensiones, el contexto negociador es otro diferente a la repetida Mesa. En cualquier caso no he apreciado que los funcionarios públicos en general ni los de los cuerpos de seguridad estatales en particular hayan insultado o amenazado a los sindicatos de clase firmantes del acuerdo de la Mesa General por dejar fuera del pacto a los pensionistas. Del mismo modo tampoco he constatado esos insultos y amenazas a las referidas organizaciones por el hecho de suscribir un convenio que no restituye la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años por los recortes y congelaciones. Y, menos aún, he visto ni escuchado a nadie hablar de equiparación monetaria con cuerpos policiales autonómicos y reivindicar que aquellos que cobran más que sus homólogos deban perder parte de la soldada en beneficio de los que claramente perciben menos, algo lógico cuando se lleva por bandera la justicia salarial.-
Texto del acuerdo:
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