NO TIENEN REMEDIO
- LlanAUGC
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Por Alberto Llana « ».-
Después del ‘histórico’ logro de la tribu del tambor con la sentencia del Tribunal Supremo que excluye a los guardiaciviles de ser considerados profesión de riesgo llegan los lamentos y las prisas. La sucursal de esa tribu en la Benemérita celebra a bombo y platillo que el propio Tribunal Supremo haya admitido a trámite «su solicitud de extensión de efectos de la sentencia que previamente reconoció la profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional adscritos al régimen de la Seguridad Social». Se nota a la legua su desesperación y el escaso margen de tiempo que tienen antes de las próximas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, tras haber quedado en evidencia al aplaudir ese Fallo que dejaba tirados a todos sus compañeros.-
Comenzaré por lo más evidente; solicitan extensión de efectos de sentencia tan sólo para los miembros del Cuerpo adscritos al régimen de la Seguridad Social. Los demás les importan un comino. De segundas cabe recordar que políticamente nunca se ha puesto en duda que los agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional pertenecientes a la Seguridad Social deban ser reconocidos como profesión de riesgo. Lo que ocurre es que la mayoría de organizaciones profesionales de ambos Cuerpos siempre han reivindicado que debe reconocerse como tal a todos los profesionales implicados, incluidos los del régimen de Clases Pasivas. Y vuelvo a recordar que en ese sentido ya había registrada en el Congreso una Proposición de Ley con el objeto de incluir a los miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y a los del Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de los colectivos que gozan de coeficiente reductor de la edad de jubilación debido a la peligrosidad de su trabajo. Una Proposición que ha sido claramente bombardeada por la sentencia de la tribu del tambor que ofrece argumentos jurídicos para dejar fuera a quienes estén adscritos a Clases Pasivas.-
En referencia a que se estime la extensión de efectos de sentencia solicitada, lo que puede parecer una buena idea quizás sea todo lo contrario, me explico. La Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece en su artículo 110, en la parte que interesa, lo que sigue: «1. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo». Lo que ocurre en el caso que se comenta es que el Tribunal Supremo ha dejado claro en el Fundamento de Derecho Quinto del Fallo de referencia que: «Debe partirse de que tanto la Policía Nacional, como los cuerpos policiales autonómicos y locales, son institutos armados de naturaleza civil (…), no existiendo debate en cuanto a la homogeneidad de las funciones entre los diferentes cuerpos policiales, con los matices que resultan de las respectivas competencias de las Administraciones de las que dependen». Sin embargo todos sabemos que la Guardia Civil no es un instituto armado de naturaleza civil, por tanto, ¿Se encuentran en idéntica situación jurídica que sus compañeros civiles? A ver qué opina el Supremo, porque como la respuesta sea negativa, la volverán a liar bien gorda.-
Todo esto me recuerda la famosa frase que recomienda medidas desesperadas para situaciones desesperadas. Y eso es lo que tienen entre las manos en estos momentos de futuro harto incierto para ellos. Han comprobado el varapalo que se ha llevado la sucursal de la tribu en las últimas elecciones al Consejo de la Policía y se temen lo peor. No dudaron en plantear una demanda ante el Tribunal Supremo que claramente dejaba en la estacada a los policías nacionales pertenecientes a Clases Pasivas y a la totalidad de los agentes de la Benemérita solamente para intentar demostrar que su desprecio a formar parte de la “Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial”, en la que se integran la mayoría de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de guardiaciviles, obedece a que ellos saben hacer las cosas mejor que nadie. Y lo que solicitaron en esa demanda al Alto Tribunal fue, textualmente: «Declare la obligación de la administración demandada de elaborar, aprobar y promulgar un Real Decreto que reconozca y atribuya a los miembros de la policía nacional encuadrados en el Régimen general de la Seguridad Social (los que han accedido al Cuerpo Nacional de Policía desde 1 de enero de 2011) el derecho a la jubilación anticipada mediante la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en igualdad de condiciones reconocidas a los miembros de los demás cuerpos policiales del Estado español…». Más claro que el agua.-
Y creo saber de dónde viene todo este desaguisado. ¿Recuerdan la multitudinaria manifestación acontecida en Madrid el pasado 16 de marzo de 2024? Pues bien, esa movilización fue convocada por la antedicha Plataforma y como la tribu le había hecho ‘la cobra’, de principio decidieron no acudir bajo el pretexto de que no habían sido invitados, lo cual no dejaba de ser uno de sus clásicos embustes toda vez que la Plataforma había invitado de forma genérica a todas las organizaciones y colectivos que desearan apoyar nuestras reivindicaciones. Cuando a escasas fechas de la cita comprobaron que el número de autobuses que iban a salir hacia la capital desde distintos puntos de la península auguraba un éxito rotundo, cambiaron de tercio y se sumaron a la iniciativa. Tal fue el enojo que causó esa clara bajada de pantalones que cuando las gestiones políticas de la Plataforma se convirtieron en la ya mencionada Proposición de Ley para reconocer a los miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y a los del Servicio de Vigilancia Aduanera como profesión de riesgo (presentada en el Senado el 25/04/2024) tuvieron la genial idea de interponer demanda ante el Supremo (03/06/2024) solicitando lo que finalmente lograron: reconocimiento como profesión de riesgo a los policías nacionales adscritos a la Seguridad Social y un mojón para el resto, incluidos todos los guardiaciviles.-
Y ese aciago pronunciamiento fue aplaudido a rabiar por la sucursal de la tribu en la Benemérita, calificándola como ‘histórico’ y no dudando en adherirse a un comunicado conjunto en el que se vanagloriaban de la monumental pifia. Tiendo a creer que echaron las campanas al vuelo antes de leer siquiera el texto del Fallo y sus implicaciones. El caso es que los palos no tardaron en llegar, sobre todo por parte de sus afiliados, y el horizonte que esperaban ver despejado se tornó tan negro como sus acciones. Y ahora resulta que llega la hora de renovar la composición del Consejo de la Guardia Civil y no hay tiempo para intentar hacer pasar gato por liebre, como suele ser costumbre en ellos, por lo que han acudido a lo de la extensión de efectos de una sentencia que nació mala y que seguramente se volverá peor. Estábamos mejor cuando tan sólo se dedicaban a jugar al solitario en su móvil durante las reuniones del Pleno del Consejo.-
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