Por Alberto Llana
La iniciativa legislativa popular para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español acaba de ser vetada por el Gobierno, usando para ello un fórmula novedosa que nunca antes se había utilizado. Que la proposición de ley, tal y como estaba redactada, era una filfa diseñada para satisfacer otros intereses, estaba claro desde el primer momento, pero no por ello merecía un final tan cruel. Mucho menos en base a un informe elaborado al efecto que tiene tanto de filfa como la propia ILP. Me explico, el texto presentado por los promotores tenía desde el principio aspectos que no respetaban las normas en vigor, eso es algo que en el informe señalado y rubricado por el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales queda patente, no obstante la pregunta lógica que viene a la mente es, ¿por qué admitieron un enunciado así? La Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular, establece en su artículo cuatro que “El procedimiento se iniciará mediante la presentación ante la Mesa del Congreso de los Diputados, a través de la Secretaría General del mismo, de la documentación exigida en el artículo anterior”, a saber, el texto articulado de la proposición de Ley precedido de una exposición de motivos y la relación de los miembros que componen la Comisión Promotora de la iniciativa. El artículo cinco estipula que la Mesa del Congreso de los Diputados examinará la documentación remitida y se pronunciará en el plazo de quince días sobre su admisibilidad, siendo causa de inadmisión que la iniciativa tenga por objeto alguna de las materias excluidas al efecto. Y entre las materias excluidas figura la contenida en el artículo 134.1 de la Constitución, cuyo literal es “Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación”.-
Es más, suponiendo que a los miembros de la Mesa del Congreso se les escapara este importante detalle, ¿por qué aprobaron su tramitación en noviembre de 2018? He visto comentarios de responsables políticos aseverando que lo hicieron por respeto a las 550.000 firmas que respaldaron la ILP, empero quiebran tal pretendido respeto dándole la puntilla a las primeras de cambio, sin ofrecer la oportunidad de enmendar un texto que, siendo sincero, hace aguas de tal forma que resultaría imposible dejar siquiera una frase con su redacción original. Sin embrago, repito, estas cuestiones eran obvias desde el primer momento y lo lógico hubiera sido que la Mesa del Congreso rechazara la proposición, con exposición de los motivos de la inadmisión, abriendo la posibilidad de que sus promotores confeccionaran una iniciativa respetuosa con la legalidad vigente. Tampoco hubiera sido mala solución que la ILP fuera 'absorbida' por un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo, en cumplimiento de la cláusula Octava del Acuerdo de Equiparación firmado por sindicatos y asociaciones representativas de policías nacionales y guardiaciviles en marzo de 2018 y que recoge lo que sigue: “El Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones”. No sería la primera vez que una iniciativa legislativa popular se culmina de tal forma, con lo que, tanto los promotores y defensores de la proposición como los firmantes del Acuerdo podrían afirmar que sus esfuerzos se vieron recompensados.-
Por estos motivos creo que el veto actual no tiene demasiada explicación. El Gobierno recién elegido tiene mucho margen de maniobra al efecto. Bien podría dejar la ILP 'dormitando' una temporada hasta que se debatan los Presupuestos Generales de este año. Si no salen adelante, ya sabemos lo que toca, y si son aprobados tendrá tiempo de presentar un proyecto de ley realista que, además, contemple todas aquellas cuestiones que la proposición dejó de lado, o sea, casi todas. Me temo que esta decisión de finiquitar la iniciativa legislativa tiene más lecturas de las que parecen a simple vista. Desde que triunfó la moción de censura sobre el Ejecutivo que firmó el Acuerdo y el actual ministro de Interior se hizo con la cartera, quedó claro que no tenían intención de cumplir lo firmado en toda su extensión, limitándose a aportar los millones contemplados en el texto y punto. Y tampoco resulta correcto afirmar lo anterior de forma tajante toda vez que el montante destinado a incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo no sabemos por dónde andan. Del mismo modo Marlaska solicitó al Consejo de Estado un informe relativo al grado de compromiso jurídico del Gobierno hacia el pacto, obteniendo como respuesta que no estaban jurídicamente obligados a cumplirlo. Asimismo, el Grande no aceptó el primer estudio realizado por la empresa consultora en referencia a las diferencias salariales entre mozos de escuadra y policías nacionales/guardiaciviles, ordenando rehacerlo hasta concluir que con 807 millones bastaba para la equiparación salarial. Y hace pocas semanas se 'olvidaron' de aprobar el montante económico correspondiente al tercer tramo de subida salarial asegurando que lo incluirían en los Presupuestos Generales y, de no aprobarse, lo harían vía Real Decreto. Y todo ello tras librar sin problemas 3.200 millones al objeto de cumplir con el Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, de lo que se deduce que algo se traen entre manos y no bueno, precisamente.-
Me da la impresión que este movimiento 'vetador' responde principalmente a la intención de no hacer frente a la necesidad de regular por ley que en el futuro “no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones”, tal y como señala la mentada cláusula Octava del Acuerdo, veamos por qué. Si se considera, con acierto, que la ILP choca con preceptos legales en vigor y con la misma Carta Magna pero se desea respetar las intenciones que refleja la proposición, la fórmula podría ser, como ya he comentado antes, a través de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno que integrara la ILP. Sin embargo esa solución conlleva aprobar una norma con rango de ley, lo que no parece ser del agrado del actual Ejecutivo. Por lo que sabemos en estos momentos, las intenciones se dirigen, primero, a dejar pasar el tiempo mediante la creación de una comisión de estudio en el Senado y, en segundo término -siempre que esa comisión arroje resultados positivos-, a la creación de una norma con rango de Real Decreto, lo que hace temer seriamente que vaya a resolver la injusticia salarial que continuamos sufriendo.-
Por tanto, del veto a la ILP se infiere un provenir poco halagüeño y no porque esa propuesta fuera arrojar resultado positivo alguno, tal y como estaba confeccionada, más bien porque nos muestra de una forma bastante diáfana cuáles son las pretensiones de este Gobierno en relación con la equiparación salarial real entre funcionarios de policía que realizan las mismas funciones.-
