Por Alberto Llana Publicado el 10 de septiembre de 2017
Imagínense a un bandolero del lejano oeste americano que para explicar por qué asaltó un tren y robó a todos sus pasajeros argumenta que esa era la única manera que le había dejado la sociedad para poder permitirse un rancho a orillas del Mississippi. Bueno, pues más o menos es lo que pensé cuando escuché a una señora explicar que la única vía para aprobar la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, con la que los independentistas catalanes pretenden separase de España tras la victoria del sí en el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre, era vulnerando las leyes, las resoluciones judiciales, las advertencias de los letrados asesores y el más elemental sentido democrático y común. O sea, que la única forma de conseguir lo que quieren es cometer un delito tras otro, amparándose en que son decisiones políticas y que, como están adoptadas en un Parlamento, combatirlas es un acto de fuerza dictatorial y tiránico.-
La excusa ofrecida puede ser tan buena como cualquier otra. Al fin y al cabo prácticamente todos los españoles tienen ya formada una opinión sobre el denominado ‘procés’ y pocos la van a alterar por escuchar una sinrazón más o menos. Lo que sí puede hacer reflexionar a algunos es ver cómo se perpetra este atraco a la democracia. Contrariamente a ciertas posturas que no comprenden las razones por las cuales los medios de comunicación se han volcado tanto con la tramitación y aprobación, tanto de la ley del referéndum ilegal como la igualmente ilegal ley de transitoriedad, tengo la impresión de que resulta muy ilustrativas las formas y maneras usadas en el Parlament para avanzar en una dirección que no es la que desea la mayoría del pueblo catalán, por mucho que la mayoría parlamentaria sea claramente independentista. Estoy seguro que unas cuantas personas comenzarán a preguntarse si la cosa terminará en república a secas o república bananera en donde una suerte de santa inquisición catalanista queme en la hoguera a los no conversos, tal y como se las gastan a priori.-
Y ello me hace plantearme si la estrategia de dejar hacer seguida por el gobierno presidido por Rajoy no tiene como objetivo precisamente ese, el dejar que los ciudadanos españoles comprueben fehacientemente hasta dónde son capaces de llegar los separatistas con tal de imponer sus tesis al resto de catalanes. Puede que sea así. Quizás Mariano sea consciente de la poca memoria histórica de muchos que ignoran o no le dan valor a lo sucedido antes de la dictadura franquista y su deseo sea que las cosas lleguen tan lejos como para que no exista ninguna duda entre los demócratas de que la respuesta ante tamaño desafío pasa inexorablemente por aplicar la ley a rajatabla y, si se tercia, con dureza, como aviso para navegantes de futuras generaciones. Tampoco es descartable que la inacción política por parte del gobierno español que nos ha llevado hasta este punto tenga como objetivo forzar la unidad de los partidos que defienden la Constitución Española con el propósito de abordar reformas en la Norma Suprema que nos blinden ante ulteriores situaciones similares que podrían llegar a producirse si no queda meridianamente claro que quienes porfíen en la ruptura de la unidad de España se arriesgan a consecuencias legales de tanta gravedad o superior que si cometieran delitos de terrorismo.-
Al margen de especulaciones políticas que ni entiendo ni deseo entender, tengo mi punto de vista particular sobre todo esto. De principio yo no hubiera aceptado ni por asomo sentarme a dialogar con quienes amenazan con la independencia unilateral si no son atendidas sus exigencias. Cuando el argumentario es la amenaza y la extorsión en vez de la razón y la ley, tal diálogo está viciado desde el comienzo y a nada bueno podría llegar. Hay quien insiste, todavía en estos momentos, en que existe posibilidad de reconducir el problema si se abre un proceso de discusión entre las partes, y a mi entender eso significa ni más ni menos que aceptar ciertas concesiones que agrandarían aún más las diferencias palpables entre las distintas comunidades y ciudades autónomas que componen el conjunto del país.-
Si su deseo es aprobar, de manera ilegal y antidemocrática, una ley transitoria, allá ellos. Deberán afrontar las consecuencias de sus actos. Y no les quepa duda alguna que esa norma tiene un destino claro. Recurriendo al significado que la Real Academia Española le otorga a la palabra ‘transitoria’, cabe decir que será pasajera, temporal, caduca, perecedera o fugaz, como prefieran.-
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