Por Alberto Llana
Tras el anuncio forzado del ministro Marlaska, provocado mayormente por su desatino al destituir al Coronel Pérez de los Cobos, relativo a que el Ejecutivo había decidido dar un impulso al Acuerdo de equiparación salarial de guardiaciviles y policías nacionales incluyendo la cantidad inicialmente prevista para este año (247 millones) en una disposición legal que exceptúa ese montante económico de la limitación de gasto público establecido en el artículo 21 del Real Decreto-ley 2/2020, se ha producido la primera reunión entre la Directora General de la Benemérita, María Gamezx2 (en alusión a María Gámez Gámez, que es su nombre completo) y asociaciones representativas del personal del Cuerpo. Ese encuentro telemático, dada la situación actual, tan solo ha servido para ratificar un par de cuestiones. La primera relacionada con la incógnita sobre la cantidad, de los mentados 247 millones, que será destinada finalmente a la Guardia Civil. La segunda relativa a que los deseos de la cúpula del Instituto es repartir el dinero de manera injusta, tal y como ya adelantó la propia María Gámezx2 pocos días antes de decretarse el estado de alarma.-
Abundando en la antedicha incógnita cabe recordar que los millones previstos en el Acuerdo de marzo de 2018 son a repartir entre ambos cuerpos (Guardia Civil y Policía Nacional), por lo que debe establecerse el porcentaje destinado a cada cual en función de los efectivos disponibles en cada institución. Y aquí surge el dilema ya que inicialmente, en 2018, se fijó que el porcentaje de reparto sería de un 59% para la Benemérita y el 41% restante para la Policía Nacional. A mayores, el estudio económico realizado por una empresa consultora externa consideraba adecuada esa distribución porcentual. Sin embargo pronto surgieron los problemas sobre este asunto ya que, por un lado, los cálculos iniciales se realizaron conforme a la plantilla que había en el momento de la firma (marzo de 2018) y esos datos han sufrido variación con el paso del tiempo. De hecho se calcula que desde la rubrica del pacto la plantilla de la Guardia Civil ha aumentado en unos 3.000 miembros mientras que en la Policía Nacional el incremento ronda los 5.000 agentes. En buena lógica puede parecer que la proporción debería variar en atención a la plantilla que hay en cada momento pero por otra parte debe tenerse en cuenta que el Acuerdo dice textualmente “desde la perspectiva de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares...”, por lo que si estaba prevista una cantidad concreta con el fin de obtener ese objetivo, en atención a una plantilla concreta en el momento de la firma, si el plantel se ha incrementado, la cantidad estipulada hace dos años también debería aumentar, ya que de lo contrario la finalidad no se alcanza. Abundando en esta tesis, y volviendo al estudio realizado por la empresa consultora, la cláusula Primera del Acuerdo recoge que “analizará las cifras de equiparación puesto a puesto, y fijará las correcciones que sean necesarias, que serán incorporadas una vez finalizado el trabajo de la Consultora”. ¿Y qué dice al respecto el estudio? Pues nada en concreto porque recordemos que sus primeras conclusiones fueron rechazadas por el actual ministro del Interior, a finales de marzo de 2019, ordenado rehacerlo, y el resultado final, nada creíble en mi opinión, no entra a valorar el aspecto derivado del aumento de plantilla en ambos cuerpos. Si así lo hubiera hecho se habrían incluido “las correcciones necesarias” que contempla el Acuerdo, con lo que la cantidad a repartir sería superior a los inicialmente previstos 807 millones de euros.-
En cualquier caso y teniendo en cuenta que la intención de Marlaska desde que tomó posesión de la cartera ministerial es la de repartir el dinero contemplado en el Acuerdo, obviando otras cuestiones adicionales sin las que la equiparación pretendida será una quimera, el panorama real que debemos afrontar, sin renunciar a exigir el cumplimiento íntegro del compromiso adquirido, es que para 2020 el montante a distribuir será el indicado de 247 millones, por lo que si el porcentaje acordado en un primer momento fue el de 59-41%, ese es el que debe mantenerse ahora porque creo que no tiene sentido alguno intentar modificarlo en atención a un parámetro concreto, dejando de lado otros muchos que igualmente tendrían incidencia en el promedio. Ello me lleva a recordar que a los miembros de la Guardia Civil se les debería devolver la cantidad restada en 2019, ya que el pasado año el prorrateo se estableció de manera inquisitorial por el entonces Director General del Cuerpo, Félix Azón, en un inexplicable 57,28-42,72%.-
La segunda cuestión derivada de la reunión telemática mantenida el 17 de junio, apuntada más arriba, es la atinente a la fórmula de reparto de esa incógnita monetaria sin despejar. La Dirección General de la Benemérita, con María Gámezx2 ejerciendo de ariete de generales, pretende una distribución en la que se perjudica a los agentes de base, principalmente. Cuando se habla de equiparación salarial a secas, observando las retribuciones que percibe cada cual a palo seco, vemos claramente cómo existen empleos en la Guardia Civil que no solamente están ya equiparados sino que incluso perciben más que sus homólogos de las policías autónomas. Estos empleos, aunque el número total de efectivos sea bajo, no deberían ver incrementadas sus nóminas con el dinero destinado a equiparación. El mayor esfuerzo económico, dado que el tan deseado equilibrio retributivo no se logrará con estos mimbres, debería ir dirigido a aquellos empleos donde la diferencia dineraria es mayor respecto a empleos comparables o similares de los mozos de escuadra. Pero lo anterior depende directamente del ministro Marlaska, empeñado en fijar unilateralmente el porcentaje a repartir entre cada cuerpo policial y también de María Gámezx2 que debería comenzar a mirar un poco más por quienes se juegan los cuartos en la calle, máxime tras el colosal esfuerzo que se está realizando por culpa de la maldita pandemia. El día 24 de junio se ha convocado otra nueva reunión sobre esta cuestión, vamos sobre el reparto de la incógnita.-
