Por Alberto Llana
El pasado 28 de febrero la Comisión de Interior aprobó una Proposición no de Ley con la finalidad de que el Gobierno proceda a la declaración como Profesión de Riesgo al trabajo que realizan los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional. La propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso estaba recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 30 de enero, por lo que quienes piensen que se la han impulsado a raíz de los asesinatos en Barbate están en un error, aunque claramente el terrible suceso sí que ha pesado en el ánimo de quienes estaban llamados a decidir sobre la cuestión. Los motivos de la proposición son, en resumen, los que siguen:
«La Policía Nacional y la Guardia Civil no están incluidas como profesión de riesgo, recientemente en el año 2020 se aprobó una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que se instaba al Gobierno a realizar los estudios necesarios para declarar profesión de riesgo a los policías locales, entre otras ventajas y reconocimientos supondrá un coeficiente reductor a la hora de la alcanzar la jubilación a los cincuenta y nueve años, con el 100 %, de retribuciones y que beneficiará a más de 60.000 policías locales.
Las pensiones son iguales para todos los miembros de clases pasivas, variando según los grupos de pertenencia y antigüedad, esto lo recoge el Real Decreto Legislativo 760/1987, de 30 de abril (Ley de clases pasivas).
No puede ser la misma pensión de un Policía Nacional y de un Guardia Civil que un administrativo del Estado. El trabajo no es el mismo y el riesgo evidentemente no es comparable, considerando tanto el trabajo como el riesgo superior.
Se hizo una modificación en el año 2015, en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, para reconocer prestaciones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia para el personal de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.
Las jubilaciones de Policía Nacional y Guardia Civil en la actualidad se pueden solicitar con treinta años de servicio y sesenta años de edad (con la perdida correspondiente de poder adquisitivo), de igual manera que el resto de funcionarios pertenecientes a Clases pasivas. Las policías locales y policía autonómica a los cincuenta y nueve años, sin pérdida de poder adquisitivo». En realidad, cuando afirman que se puede acceder a la jubilación/retiro de manera voluntaria con 30 años de servicio, se equivocan, toda vez que la norma recoge textualmente: «De carácter voluntario, que se declarará a instancia de parte, siempre que el interesado tenga cumplidos los sesenta años de edad y reconocidos treinta años de servicios efectivos al Estado», y aunque puedan coincidir en muchas ocasiones los años de servicio con los de servicios efectivos al Estado, resulta muy común que no sea así, por lo que conviene conocer dónde radican las diferencias y cómo afectan al haber pasivo.-
De igual forma se argumenta en la Proposición que «hay que tener en cuenta la degradación en las condiciones de calidad de vida y la peligrosidad, unido al quebrantamiento social en los últimos años de la condición de agente de la autoridad, que conlleva que de media en España cada día sean agredidos 30 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según los datos del propio Ministerio del Interior». Pues sí, ese es un grave problema a tener en cuenta del mismo modo que debe considerarse que la solución al mismo debe tener un calado más profundo que reconocer los evidentes riesgos de la profesión de agente de la autoridad.-
En cualquier caso, como es sabido, esta proposición ha salido adelante con la abstención del PSOE, que se escudó en el hecho de que el ministerio del Interior había creado unos días antes un grupo de trabajo para estudiar esta misma cuestión, argumento abyecto porque lo que significa realmente es que no votan a favor porque la propuesta no es suya o de alguna formación afín. Además, como reseñé antes, la proposición se presentó a finales de enero, lo que significa que el ministerio del Interior lo sabía de sobra cuando abrió ese grupo de trabajo que ahora les sirve como excusa para abstenerse. Y viendo estas sucias maniobras cabe preguntarse qué futuro le espera a esa propuesta toda vez que lo que se desprende de la forma de actuar del actual Gobierno es que no están por la labor de tener que ceder ni un ápice del mérito a otras siglas distintas. No obstante y al margen de vaivenes políticos no cabe duda que se logrará gracias al impulso de los propios afectados, el cual se demostrará nuevamente en la manifestación programada para el próximo 16 de marzo en Madrid. Un buen momento para preguntar públicamente a Marlaska cuándo va a crear un grupo de trabajo que le ayude a redactar su dimisión ya que al parecer él no sabe hacerlo.-
