Por Alberto Llana
Antes incluso de declararse el actual Estado de Alarma era de conocimiento público que el coronavirus se propaga con una facilidad pasmosa y que una de las razones de ello era que personas contagiadas que todavía no habían desarrollado la enfermedad o la habían o estaban padeciendo con síntomas leves podían infectar a otras. Por ello, a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y otras organizaciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las Fuerzas Armadas, les indignó que la Administración les considerase como colectivo con bajo riesgo de sufrir contagio. Una de las consecuencias evidentes de tal apreciación es la escasa, cuando no nula, dotación de material apropiado para autoprotegerse del virus, los denominados Equipos de Protección Individual (EPI's). Otra consecuencia es que muchos agentes que disponían de mascarillas (aunque no fueran del nivel adecuado para evitar infectarse) no podían usarlas de manera continua sino cuando sospecharan que la persona o personas con las que interactuaban podían estar contagiadas pero, dadas las circunstancias de esta pandemia ¿Cómo saberlo a ciencia cierta o siquiera intuirlo? Un par de ejemplos de lo anterior son, de un lado, las denuncias realizadas por la AUGC en el sentido de que algún compañero llegó a a ser amenazado con medidas disciplinarias por llevar permanentemente puesta la mascarilla ( https://www.augc.org/comunicados/sanciones-disciplinarias-en-guardia-civil-agentes-por-utilizar-mascarillas-guantes-proteccion-contra-covid-19_20081_102.html), y por otra parte, la orden interna dada en una Unidad del Cuerpo conforme a la cual cualquier agente que quisiera ponerse la mascarilla debería pedir permiso previo a su superior, que bien podría autorizar o denegar el mismo. Tal como lo leen ( https://twitter.com/augc_asturias/status/1244280884771069958?s=20).-
Retomando la escasez de material de protección del que disponían los guardiaciviles al comienzo del Estado de Alarma, las denuncias tanto públicas como ante la Inspección de Trabajo así como en los Tribunales de Justicia solicitando medidas cautelares al respecto han sido constantes, por lo que se pueden refrendar de manera sencilla. Pero la cuestión principal es que no se debería haber esperado siquiera a la declaración sino que tendría que haberse prevenido con días, incluso semanas, de antelación. Sobre este particular cabe mencionar el informe realizado por el responsable de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional el pasado 24 de enero, la petición realizada por la AUGC el 26 de febrero en orden a facilitar a los miembros de la Benemérita material de prevención contra la pandemia o la solicitud del Estado Mayor de la Guardia Civil interesando el recuento de EPI's, mascarillas, guantes, gafas de protección, monos, calzas, cubrebotas, capuz, bolsas y complementos para antes del mediodía del 28 de febrero. Y si a lo anterior añadimos lo acontecido en Italia, que a fecha 23 de febrero, cuando los contagios oficiales ascendían ya a 130, ordenó el cierre completo de 11 localidades de Lombardía y Véneto donde se habían detectado la mayoría de casos, llegamos a la conclusión de que existían, cuando menos, sospechas fundadas de que la epidemia se estaba extendiendo de manera alarmante, pese a no ser declarada pandemia hasta el 11 de marzo.-
Con todo, y en la fecha en que esto escribo, las Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas siguen siendo consideradas colectivos de bajo riesgo, algo que no se comprende. Si bien hay que reconocer que el mayor peligro lo corren quienes están en contacto directo con los pacientes que han dado positivo, no se pueden obviar las circunstancias aludidas al comienzo del comentario. Cuando un Agente de la Autoridad, en cumplimiento de sus funciones, realiza un control en los accesos a una localidad, por poner solo un ejemplo, entra en contacto con multitud de personas que, sin presentar síntomas, pueden ser portadoras del virus y por tanto potenciales transmisores de la enfermedad. Se acercan a hablar con esos ciudadanos, realizan las comprobaciones pertinentes y puede que, por desgracia, tengan que entrar en contacto físico con algún ciudadano que se resiste a obedecer las indicaciones. Está ocurriendo diariamente y casi nunca se puede predecir de antemano qué tipo de actuación requerirá cada caso concreto. Existe una amenaza invisible pero real e incluso mortal y no es ningún capricho reivindicar su reconocimiento oficial. Es más, no resulta baladí recordar que puede ocurrir lo contrario, es decir, que un Agente de la Autoridad contagiado pero sin síntomas trasmita el virus a los ciudadanos por falta de una protección adecuada. En un cuadro sinóptico que es posible encontrar en Internet se explica el factor de riesgo cuando entran en contacto dos personas, una de las mismas contagiada y la otra no, dependiendo del nivel de protección que lleve cada una de ellas. Así, cuando ninguna lleva mascarilla, el peligro es muy alto; cuando la persona contagiada no lleva mascarilla alguna y la otra sí, depende del nivel de protección de la misma ya que incluso una de nivel FFP2 no evita totalmente el riesgo. Sin embargo si las dos personas portan mascarilla, aunque sean del tipo más simple, el peligro se reduce mucho.-
Hace un par de días la AUGC, conjuntamente con CCOO, el SUP y AUME, volvían a insistir en la reivindicación de ser catalogados como colectivo de alto riesgo de ser contagiados por el COVID-19 y desvelaban que más de 14.000 profesionales de las FyCSE estaban de baja médica por síntomas de haber contraído el virus. Paralelamente, el mismo día se conocía a través de los medios de comunicación que entre el personal sanitario la cifra superaba los 24.000 infectados. Estas cifras deben hacer recapacitar a la Administración, que ha anunciado que estudia la situación y abre la posibilidad a acceder a nuestras demandas. Y yo digo, cuatro semanas después de decretarse el Estado de Alarma y -al menos- mes y medio después de tener indicios claros de que íbamos a ser azotados por la pandemia, ¿Qué leches hay que estudiar?
