Por Alberto Llana Publicado el 11 de enero de 2017
Hace unas horas se publicaba una noticia referente a unos vehículos de la Guardia Civil patrocinados por un ayuntamiento. Según el acuerdo de colaboración firmado entre la corporación municipal y la Benemérita, será la Dirección General de la Guardia Civil la encargada de su matriculación, seguros, domiciliación, así como los gastos generados por su mantenimiento, limpieza, conservación y reparación. A cambio de la dádiva municipal, estos vehículos deberán llevar impreso el nombre del ayuntamiento en su carrocería, tal y como se puede apreciar en las fotografías que acompañan las informaciones periodísticas. Y aunque esta circunstancia no resulta novedosa en el Cuerpo ya que en otros ámbitos también se producen circunstancias similares (recuerdo a bote pronto una Autoridad Portuaria que facilitó vehículos al Instituto para patrullar por sus instalaciones), la noticia se publica el mismo día en que se le notifica a una compañera, por parte de un Juzgado militar, el archivo de una causa abierta en su contra por un presunto delito militar de insubordinación al haber optado en un control policial por vestir su propio chaleco antibalas frente al oficial, que no se adaptaba a su anatomía y por lo tanto no la protegía.-
El caso es que esta compañera llevaba varios años usando su propio chaleco, adquirido con su dinero, sin problema alguno hasta que, de repente, la Dirección General de la Guardia Civil dirigida supuestamente por Arsenio de Mesa dictó una orden por la cual se prohibía el uso de chalecos antibala que no fueran los oficiales facilitados por el Cuerpo. Y, claro, estas circunstancias me resultan de lo más contradictorio. Por una parte se prohíbe, bajo amenaza de imputación de un delito militar, el uso de prendas de seguridad necesarias para el servicio cotidiano (recordemos que estamos en alerta antiterrorista nivel 4, de cinco posibles), que no sean las oficialmente facilitadas por la institución, aunque en la Unidad no haya dotación alguna, sea insuficiente o no se ajuste a las medidas del cuerpo del usuario, y por otra parte se aceptan de buen grado vehículos donados por entidades ajenas al Cuerpo y que deben llevar bien visibles elementos estéticos ajenos a los propios de la Benemérita, incluso con placas de matrícula normales, sin las típicas letras distintivas del Parque de la Guardia Civil (PGC).-
Al margen de agradecer el detalle del ayuntamiento, preocupado por facilitar el servicio que presta la Guardia Civil en su demarcación, lo que evidencia la noticia es la falta de medios adecuados para la realización de la importante labor que efectúa el Instituto. Tal es así que, llevados por la misericordia, entidades ajenas a la Administración Central, ayudan en lo que pueden para paliar un poco la situación. Pero eso no es lo deseable. Lo correcto sería que el Ministerio del Interior tuviera dotación presupuestaria suficiente para proporcionar a los profesionales del Cuerpo vehículos adecuados y seguros para el servicio cotidiano. Pero como ha denunciado repetidamente la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayor parte del parque móvil Benemérito está en regulares, malas o muy malas condiciones, llegando a superar en ciertos casos los 700.000 kilómetros de un uso continuado y con conducciones muy diferentes, de acuerdo a la cantidad distinta de manos que los manejan. Y esta realidad contrasta con la que se puede apreciar en el otro Cuerpo policial dependiente del mismo ministerio, que también tienen lo suyo, no crean, pero el sistema de renovación de vehículos funciona de manera dispar al de la Guardia Civil y las carencias no llegan a ser tan notorias.-
Entonces surge la pregunta, ¿es que la Benemérita no quiere o no puede mantener una flota de vehículos en buen estado para un correcto desempeño del servicio propio del Cuerpo? Y la respuesta es que sí, sí que puede… pero no le da la real gana. Si tuvieran intención de hacerlo así, no dejarían pudrirse a la intemperie cientos vehículos nuevos durante meses antes de ser adjudicados a las unidades correspondientes. No dejarían que vehículos nuevos fueran ‘incautados’ por miembros del Cuerpo que no realizan servicio operativo, mientras quienes patrullan carreteras, calles, caminos y vericuetos a lo largo de toda la geografía estatal se las ven y se las desean para no tener una accidente a bordo de coches con la dirección partida y mal soldada, sin amortiguación, con ruedas casi lisas y con asientos que se mueven más que la niña del exorcista. Hay presupuesto para ello y, caso de no haberlo, su obligación es procurar que lo haya y no dejar que el abandono sea tan evidente que tengan que venir los ajenos a intentar enmendar miserias propias. De cundir el ejemplo de este ayuntamiento, en un futuro próximo no sería extraño ver vehículos beneméritos con patrocinio de empresas privadas o de entidades públicas que lo consideren como una inversión atrayente de cara a protegerse ante posibles irregularidades que fueran del interés de la Justicia.-
