Por Alberto Llana
Leo en un diario una noticia que asegura que “El Gobierno da por perdido el cupo femenino en la Guardia Civil para esta legislatura”, con un subtítulo que dice: “El Ejecutivo ha cerrado su agenda legislativa y descarta reformar antes de las elecciones generales la Ley de Personal del Instituto Armado”. Lo del cupo femenino se veía venir tras el firme veto del ministerio de Defensa, escenificado en el último Pleno del Consejo de la Guardia Civil celebrado el pasado mes de diciembre. No obstante, no creo que por tal motivo deba dejarse de lado todo un proyecto de ley que contempla cuestiones que al menos sobre el papel resultan muy atractivas para el conjunto de guardiaciviles. Y lo primero que me viene a la cabeza es que se trata de una rabieta propia de personas malcriadas más pendientes de sus caprichos electorales que de la mejora de las condiciones sociolaborales de un Cuerpo al que no se cansan de ensalzar de boquilla pero al que sistemáticamente le niegan el pan y la sal.-
Resulta necesario recordar que eso del cupo femenino lo incluyeron en el proyecto de nueva ley de Personal de la Benemérita a última hora (y eso que llevaban tiempo dándole vueltas), y la genial idea partió de forma unilateral del ministerio del Interior sin contar con el de Defensa, de tal guisa que durante ese Pleno del Consejo se escenificó un fuerte choque, suavizado por la compostura propia de una reunión de ese calado, pero que evidenció a las claras la falta de entendimiento entre los dos principales ministerios de los que depende el Cuerpo. Así las cosas, era de prever que la medida no saliera adelante. Lo que no resulta de recibo es que por un revés sin importancia dejen de lado todo un proyecto que contiene varios aspectos positivos. Y digo “sin importancia”, no porque el cupo femenino en la Guardia Civil sea cuestión baladí, que no lo es, sino porque se puede apostar por medidas que incrementen el porcentaje femenino sin tener que acudir por fuerza a una ley. Sin ir más lejos, procurar que las condiciones sociolaborales de los agentes de la Benemérita sean iguales a otros cuerpos policiales ya que a día de hoy los miembros del Instituto continúan siendo funcionarios de segunda clase.-
Tras publicarse la noticia referida al comienzo, no tardaron en salir a la palestra aquellos que hicieron el ridículo en el repetido Pleno del Consejo de diciembre al descalificar públicamente a quienes mostraron su apoyo al proyecto legal. Para ellos, eso del cupo suponía una traba tan enorme que ni el resto de aspectos positivos podía soslayar, por lo que votaron en contra. Postura tan respetable como cualquier otra pero que de ninguna manera puede justificar las agresiones verbales que por norma conforman su triste argumentario. Con tales mimbres ya se imaginarán que se adjudicaron inmediatamente el “éxito” que según su juicio supone que muy posiblemente la ley no vea nunca la luz. Como si este Gobierno, que ha alumbrado textos legales muy controvertidos y con apoyos políticos deleznables, fuera a recular porque una organización de guardiaciviles haya amenazado con recurrir la ley, caso de aprobarse. Cabe preguntarse en qué mundo viven y a quiénes intentan vender la burra. Pero bueno, como ya expuse en otras ocasiones, si esa es la unidad de medida que quieren usar, usémosla. Si tanto peso tiene su criterio en la Dirección General de la Guardia Civil y en el Ejecutivo cabe concluir que cualquier norma negativa que haya entrado en vigor desde que tienen presencia en el Consejo de la Benemérita es porque lo han permitido. Por ejemplo, la Orden General que modifica la prestación del servicio y la jornada laboral del personal destinado en el Servicio Marítimo del Cuerpo, ya que no está de más recordar que casi todas las asociaciones representativas se han unido en el empeño de recurrir la norma menos ellos que, siguiendo con su ilógica aplastante, la han permitido.-
Dejando las sandeces de esos mezquinos aparte y volviendo a lo que realmente importa, resulta decepcionante que este Gobierno tire a la basura un texto con bastantes aspectos provechosos por un berrinche derivado de su errática gestión, por su incapacidad de lograr un consenso entre dos de sus ministerios acerca de las medidas necesarias para incrementar la presencia de la mujer en la Benemérita. Y así, de confirmarse la mala nueva, se esfumará la posibilidad de que los guardiaciviles de la Escala de Cabos y Guardias puedan acceder en un futuro al Grupo 'B' funcionarial, de que se reduzcan los tiempos de ascenso de cabos y sargentos al Empleo superior, de que el periodo de formación se compute a efectos de trienios, que se regularice el resarcimiento económico de los daños causados a los agentes por terceras personas cuando los responsables se declaren insolventes (siempre que se sufran en acto de servicio o por la mera condición de Guardia Civil), o las medidas encaminadas a la protección de los guardiaciviles ante posibles situaciones de acoso, de que se incremente la oferta de plazas para personal en Reserva, que se desdoble la Escala de Cabos y Guardias en dos diferentes categorías o, también, de la inclusión de medidas para reorientar la carrera profesional en función de la edad o de las condiciones psicofísicas. Como si no fuera bastante, también se diluirá la posibilidad de readmisión de aquellos compañeros que en su momento fueron expulsados por su pertenencia al SUGC. Como reza el título, ¿será esta otra oportunidad perdida?
