Por Alberto Llana
Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior, hace tiempo que debería haberse ido e intentar salvaguardar un poco de la dignidad que había perdido desde su entrada en política. Pero no fue así y una vez arrojada a la basura esa dignidad, poco le importa ya lo que venga. La sentencia, recientemente conocida, sobre el irregular cese del Coronel Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, no creo que reste un ápice más de esa repetida dignidad ya inexistente y tampoco le va a hacer variar su determinación de seguir en el fango político, desarrollando el trabajo sucio que, por lo que demuestra cada día, tanto le gusta hacer, Diríase que disfruta cual gorrino en lodazal. El pronunciamiento judicial, que no es firme y a buen seguro será apelado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, supone un varapalo de dimensiones mayúsculas. Lo suficiente como para que cualquier persona normal presentara su dimisión no sin antes haber aceptado las propias de la Directora General de la Guardia Civil y del Secretario de Estado de Seguridad, meros ejecutores de la voluntad de sus superiores pero cómplices al fin y al cabo del desmán.-
Lo del cese del Coronel Corbí le salió bien y a buen seguro este hecho resultó determinante para adoptar la decisión sobre Pérez de los Cobos, en el pensamiento de que todo el monte era orégano. Evidentemente las circunstancias no eran las mismas, nunca lo son, cada caso tiene componentes que lo hacen único y distinto al resto y en esta ocasión las diferencias eran muy relevantes, tanto como para que un reconocido magistrado, como es Marlaska, aunque parezca haber arrojado esa condición al mismo cubo que su dignidad, se lo tomara con más precaución, con más tiento. Pero no, le pudo la soberbia y el afán por cumplir de inmediato las instrucciones que recibió de Moncloa (del Presidente del Gobierno, se entiende), tal y como reconoció María Gámez ante el entonces Director Adjunto Operativo de la Benemérita, Teniente General Laurentino Ceña, según la testifical prestada en el juzgado por el propio oficial general.-
Con el fin de comprender de forma rápida lo expuesto en 72 páginas de sentencia no cabe más remedio que ir al grano, dejando de lado cuestiones que pueden ser interesantes sobre la forma de conducirse de determinadas personas cuando ejercitan el poder que su cargo les confiere, y centrarse en lo más tedioso del asunto, tales son los razonamientos jurídicos, que al fin y al cabo son los pilares que sustentan la decisión final adoptada. En ese sentido y teniendo en cuenta que el Coronel Pérez de los Cobos estaba ocupando un destino de libre designación, es decir, “a dedo”, cabe recordar, como señala el Fallo, que son otorgados y retirados discrecionalmente por cuestiones de mera confianza y lo cierto es que la resolución de cese de Pérez de los Cobos, firmado por el Secretario de Estado de Seguridad, en ningún momento menciona la pérdida de confianza. Dice la sentencia que el acuerdo “no contiene motivación alguna y se limita a justificar la competencia del órgano que la dicta”, sin más. Empero, en la propuesta que realizó María Gámez al Secretario de Estado sí se alude a esa pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior, “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento”. Por lo que la Sala de Justicia entiende que los motivos del cese están fundamentados y eran conocidos por el Coronel: “En definitiva, la motivación del cese existe, está explicitada y ha sido conocida por el interesado al objeto de poder someter el acto administrativo al control a esta Jurisdicción a través del recurso que nos ocupa”, afirma.-
No obstante, a continuación aborda “la cuestión central de este recurso de si los motivos de la decisión discrecional de cese eran reales y legales”. Y es en ese punto donde el Juez estima que hubo una clara desviación de poder. Según la jurisprudencia, “la desviación de poder supone la existencia de un acto ajustado a la legalidad extrínseca, pero con vicio de invalidez, por no responder en su motivación interna al sentido teleológico de la actividad administrativa, orientada a la promoción del interés público y sometida a ineludibles imperativos de moralidad”. Vamos, lo que viene siendo en lenguaje coloquial 'pasarse tres pueblos'. Sin embargo, la apreciación de tal desvío suele ser tan difícil de demostrar que rara vez es reconocido por los tribunales de justicia, de hecho el Tribunal Constitucional tiene dictaminado “que no sea exigible una prueba plena del ejercicio desviado por parte del órgano administrativo y, en su lugar, quepa acudir a la prueba de presunciones”. Como vemos, el camino resulta dificultoso y estrecho y depende demasiado de las conclusiones y opiniones del magistrado o magistrados que juzgan cada caso. Pero en el que se comenta, el Juez lo ha tenido un poco más fácil por la chapucera maniobra del equipo de Interior a la hora de pasar factura al Coronel. Veamos por qué.-
La propuesta realizada por la Directora General de la Guardia Civil ante el Secretario de Estado de Seguridad, trató de justificar la pérdida de confianza en Pérez de los Cobos señalando que devino “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”. Para una persona como María Gámez, que se supone es abogada, no deja de ser una clara metedura de pata, entre otras cosas porque los ceses en los destinos de libre designación no requieren de explicaciones mayores a la propia pérdida de confianza, como se ha visto y, además, porque debería saber -ella y su equipo-, que ni podía ni debía solicitar información respecto a la investigación que una Unidad de Policía Judicial estaba desarrollando por orden de un juzgado sobre actuaciones en las que intervino el entonces Delegado del Gobierno en Madrid y que podían extenderse a otras personas de relevancia política, al margen de que igualmente estaba en la obligación de conocer que el Coronel no podía informar sobre esas investigaciones, aunque supiera algo de ellas, por ser contrario a la ley.-
De otra parte tenemos la testifical del mencionado Teniente General Laurentino Ceña, muy ilustrativa de los acontecimientos que desembocaron en el cese del Coronel. Y por si no hubiese ya sospechas fundadas sobre desvío de poder, nos encontramos con que el propio ministro Marlaska, en la resolución desestimatoria del recurso interpuesto por Pérez de los Cobos tras su cese, “se explicita y reconoce el interés en que el (Coronel) informase sobre incidencias relevantes en torno a las investigaciones que habían acabado filtrándose”. Con estos elementos tan solo, el escenario de desvío de poder aparece bastante nítido, tal es así que el magistrado argumenta que: “Por tanto, estamos ante un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional que aparece expresamente recogido en el propio expediente administrativo -propuesta de cese y resolución del recurso de alzada-, contra lo que es habitual y que ha motivado que difícilmente sea apreciada la desviación de poder por los tribunales”. Como ven, incluso reconoce que no resulta habitual tanta transparencia. Y remata el diserto afirmando que: “No constando en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban...”.-
Es posible que tras ser recurrido este Fallo, las tornas se vuelvan y la opinión o las conclusiones de otros magistrados difieran de las expuestas por el titular del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 8, pero aún ocurriendo eso, lo que fija este pronunciamiento judicial es de tal gravedad que no queda por menos que exigirle a Marlaska que deje la cartera ministerial y se vuelva por donde ha venido, llevándose de la mano al Secretario de Estado de Seguridad y, como no, a la metepatas de María Gámez.-
