LO DE LAS 35 Y SU MALA RIMA

Por Alberto Llana

El 15 de abril de 2026 se publicaba en el BOE la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se imparten instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. En ella podemos comprobar que su artículo 3, relacionado con la jornada general y horarios, establece en su punto 1 que «La duración de la jornada general será de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil quinientas treinta y tres (1533) horas anuales». Si luego subimos la vista un poco y nos detenemos en el artículo 1.2, constatamos que «Las normas contenidas en la presente resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».-

Se hubiera agradecido una explicación a esta diferencia de trato entre personal al servicio de la Administración General del Estado, y si contuviera algún argumento creíble, mejor. Sin embrago en el texto de la Resolución (preámbulo incluido) no encontramos ningún elemento que nos despeje la sospecha de tropelía por parte del Gobierno… una más en su contador. Recordando al ingenioso hidalgo, la única razón a la sinrazón que a mi razón se hace proviene del Acuerdo de 27 de marzo de 2026 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado para la implantación de la jornada de 35 horas. La Resolución publicada en el BOE de 15 de abril argumenta que «Tras la eliminación de las limitaciones que recogía la disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se habilitó a cada Administración a establecer, previa negociación colectiva en la mesa u órgano que corresponda, una jornada ordinaria de 35 horas semanales para el personal a su servicio y al de su sector público institucional». Y he aquí el quid de la cuestión, a mi entender, lo de la previa negociación colectiva, la cual sigue vetada para los miembros de la Guardia Civil pese a que exista un precedente claro de que sí se puede acometer: el Acuerdo de marzo de 2018 sobre equiparación salarial.-

Lo cierto es que quienes seguimos la actualidad de forma regular ya nos esperábamos esta distinción en el trato por parte de Marlaska. Sin embargo ha aflorado un elemento perturbador de los planes del ministro del Interior, tal es su conocida ‘amiga’ Margarita Robles. La ministra de Defensa inició una senda distinta de la de Interior asegurando en primer lugar que iba a iniciar los trámites para declarar la carrera militar como ‘profesión de riesgo’. Y por si fuera poco, unos días después aclaró que aquellos militares adscritos al Régimen de Clases Pasivas estarían incluidos en la iniciativa. Pues bien, de segundas (o terceras) el mismo día en que el BOE publica la antedicha Resolución acerca de la jornada laboral de 35 horas, el Ministerio de Defensa confirmaba a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas que adaptará su jornada laboral a esas 35 horas semanales, en línea con el resto de la Administración General del Estado (o casi). «El departamento que dirige Margarita Robles trabajará de forma inmediata en la modificación de la Orden ministerial DEF/1363/2016, que regula actualmente los horarios y el régimen de jornada del personal militar. Este cambio normativo será clave para hacer efectiva la equiparación laboral anunciada», se puede leer en una noticia publicada en un medio de comunicación.-

Visto lo visto, lo que queda claro es que esa limitación establecida en el artículo 1.2 de la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se imparten instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y que incumbe al personal de las FAS y de las FyCSE puede ser fácilmente salvada por quien ostente la titularidad del ministerio competente, si acaso le diera la real gana. A la Ministra de Defensa le ha dado y al ministro del Interior no. Sus razones tendrá. Quizás sea pura venganza por las investigaciones judiciales que han desvelado la verdadera cara del Ejecutivo al que pertenece, o quizás sea la enésima demostración de la inquina que ha demostrado hacia la Policía Nacional y -sobre todo-, la Benemérita, desde que se apropió de la cartera ministerial. O quizás sea una exigencia de esos que ahora gestionan los designios de los terroristas condenados y/o sus amigos separatistas o, por qué no, quizás sea simplemente el capricho de una cúpula policial bastante agobiada ya con la escasez de efectivos y que está viendo cada vez más cerca el momento de tener que gestionar el personal disponible en toda su extensión, prescindiendo de abrazafarolas y enchufados varios que se verán abocados a prestar servicio de verdad, dejando desolados a sus amados protectores. El caso es que poder, se puede. La exclusión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la jornada laboral de 35 horas semanales no tiene explicación razonable alguna y si alguna duda quedaba, la ministra de Defensa lo ha dejado meridianamente claro. Ahora le toca mover ficha a Marlaska, pero conociendo al personaje no les extrañe que le saque la rima fácil a eso de las 35…

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