Escrito por LlanAUGC 08-09-2019
Por Alberto Llana
Acabo de leer una noticia relacionada con el tema de la equiparación salarial entre miembros de los cuerpos policiales estatales y los Mozos de Escuadra, y que versa sobre la negativa del ministerio del Interior a facilitar el primer informe que fue elaborado por la empresa consultora a la que se le encargó el estudio sobre las diferencias salariales reales entre componentes de las distintas policías antedichas, al objeto de cumplimentar la cláusula Primera del Acuerdo suscrito el 12 de marzo de 2018 entre ese ministerio y los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil que estipula: “La Secretaría de Estado de Seguridad se compromete a contratar los servicios de una Consultoría Externa, que fije criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta. Dicha consultoría analizará las cifras de equiparación puesto a puesto, y fijará las correcciones que sean necesarias, que serán incorporadas una vez finalizado el trabajo de la Consultora”. Como es sabido, ese primigenio análisis fue rechazado de plano por los actuales responsables ministeriales, obligando a la consultoría a redactar uno nuevo que concluye que las cantidades monetarias contempladas en dicho Acuerdo son suficientes para conseguir la equiparación salarial.-
Pese a una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que considera el primer informe como “información pública” y debe ser entregado por no concurrir ninguna causa que justifique su denegación, la Administración ha decidido hacer oídos sordos y continuar su táctica ocultista en este tema, lo que demuestra, de nuevo, las verdaderas intenciones del gobierno en funciones, pese a que de cara a la galería diga lo contrario. Pocos días antes de conocerse esa noticia, el PSOE desvelaba su 'programa común progresista', un texto con 370 propuestas a través del cual pretende recabar apoyos suficientes para una hipotética investidura de su candidato a Presidente del Gobierno. Un programa que, en realidad, parece más encaminado a comenzar una nueva carrera electoral que a convencer a nadie y en el que viene recogida una proposición relativa al tema que nos ocupa. Así, la propuesta número 46 reza del siguiente tenor: “Policías y Guardias Civiles. Culminaremos la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil al hacer efectiva la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad y Equiparación Salarial de las Policías del Estado Español”. Un indudable gesto vacuo por varios motivos: el primero ya expresado acerca de la negativa a facilitar el primer informe de la consultoría, de lo que solo puede concluirse su rechazo a una equiparación real, postura confirmada por los resultados que constan en el segundo informe, ese sí conocido, que tratan de convencernos que con los dineros contemplados en el Acuerdo se alcanzaría tal equiparación. Pero no termina aquí la cosa porque debemos tener presente cómo se llegó a ese segundo informe. El primigenio, el rehusado por Interior, se entregó a finales del mes de febrero y hasta un mes después, 27 de marzo de 2019, no se solicitó formalmente a la consultoría la elaboración o, mejor dicho, la reelaboración del mismo, otorgándole un plazo (45 días) que iba más allá de los comicios del mes de abril, a fin de que no influyera demasiado en las votaciones porque ya sabían de sobra lo que ocurriría cuando se conocieran esos datos depurados.-
Por su parte, el propio ministro del Interior ya había dejado patente con anterioridad el propósito del gobierno al que pertenece de cumplir con los tres tramos de incremento salarial contemplados en el Acuerdo, dos de ellos ya ejecutados -mal por cierto- y punto. Sobre este particular cabe recordar que si los dos primeros parciales ya se pueden contemplar en las nóminas de guardiaciviles y policías fue gracias a haberse firmado el susodicho Acuerdo y que su contenido fuera introducido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Una norma redactada por un anterior Ejecutivo y que hubo de ser asumida por el actual, incluyendo la prórroga para este 2019. Quién sabe qué hubiera acontecido de no haberse dado estas circunstancias, aunque mi opinión es clara al respecto: nada se hubiese conseguido. Tenemos de otro lado el famoso informe que el ministro Marlaska encargó al Consejo de Estado sobre el grado de vinculación para el gobierno del Acuerdo suscrito con los representantes de las organizaciones policiales, respuesta que él sabe de sobra y no solo por su condición de magistrado sino porque los mismos letrados al servicio del ministerio se lo pueden aclarar de forma indubitada, sin tener que buscar responsables ajenos a los que culpar de su propia decisión de incumplir el repetido Acuerdo en toda su extensión.-
Y vuelvo de nuevo a la ‘propuesta 46’, la de culminar la famosa ILP. Otro canto de sirena que ha sido acogido con entusiasmo por quienes han impulsado la misma o se han creído aquello de que si se lleva a efecto habrá terminado cualquier problema de diferencia salarial entre miembros de los distintos cuerpos policiales. Sin embargo, lo cierto es que ese brindis al sol no es ni más ni menos que mero postureo de cara a una posible convocatoria electoral para finales de este año. Las auténticas intenciones de este gobierno en funciones ya las hemos visto y no admiten duda alguna. A mayor abundamiento, la propia redacción de la ‘46’ nos ofrece una imagen clara de la realidad que tratan de ocultar los promotores de la misma. Si fueran sinceros en su ánimo ‘equiparador’, no apostarían por una ILP que poyaron a regañadientes con la advertencia de que, tal y como estaba redactada, podría vulnerar la misma Constitución -yo personalmente suprimiría el ‘podría’- y que solamente respaldaron para no quedar en mal lugar ante el potencial nido de votos que suponen las fuerzas de seguridad estatales. La cosa resulta evidente y cae por su propio peso. Una formación política comprometida verdaderamente con el proceso equiparador ejecutaría totalmente el Acuerdo alcanzado, y recuerdo que la cláusula Octava recoge que: “El Ministerio del Interior impulsará las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones”. En resumen, si hubiera atisbo de franqueza en esa 'propuesta 46' no se limitaría a recordar una iniciativa legislativa que, en realidad, de nada sirve, dada su torpe redacción. Ya expliqué en un comentario publicado hace unos meses las diferencias entre una 'propuesta' de ley y una 'proposición' ( http://llanaugc.blogspot.es/1543157235/propuesta-o-proposicion-de-ley-/ ), por lo que lo deseable sería que el Gobierno (el que sea) presentara un texto legal en condiciones que absorbiera esa ILP, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo y respetando los deseos de aquellos que apuestan por una proposición de ley con tres artículos, huérfana de contenido y que colisiona con nuestra Norma Suprema ( http://llanaugc.blogspot.es/1542205917/ilp-sobre-equiparacion/ ).-
Resulta sorprendente comprobar el entusiasmo que ha despertado la 'propuesta 46' entre los convencidos de que la ILP contiene la esencia del remedio a los problemas de desequilibrio monetario. Una esencia que luego evolucionaría a base de enmiendas presentadas por unos y otros partidos políticos y que serían asumidas con fervor por el resto sin intentar dar al traste con el invento. Ya veremos lo que ocurre finalmente... Esa ILP hueca, a la vista de su patosa composición, fue elaborada con fines propagandísticos y también monetarios. Los primeros surtieron y surten efecto a la vista de la devoción que despierta entre sus incondicionales. Los segundos también se han conseguido a través de la compensación legal contemplada para aquellas iniciativas legislativas populares que son admitidas a trámite parlamentario (341.010 euros). Por tanto, si quieren hacer propuestas, que hagan una, pero de Ley.-
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