Por Alberto Llana
Tras 175 años de historia y 72 directores generales, María Gámez se ha convertido en la primera directora general (o generala, vayan ustedes a saber en estos tiempos que corren). Aunque puede ser que no sea generala, más que nada por evitar confusiones con el toque militar que llama a las fuerzas a tomar las armas. En cualquier caso, salvando el dato anecdótico, lo que realmente importa es cómo gestione el importante cargo para el que ha sido designada. Y no vayan a pensar que lo tiene difícil porque su antecesor fue tan sumamente funesto para los intereses de los miembros del Cuerpo que con no hacer nada ya lo habrá superado. Sin embargo, la impresión que se ha transmitido en su toma de posesión no vaticina un camino de rosas para Gámez. La estridente ausencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sin ninguna excusa válida que explique su espantada del acto, me lleva inevitablemente a concluir que no cuenta con su total apoyo más allá de mantener las formas de cara a la galería. Si su presencia en la sede de Guzmán el Bueno va ser causa de tiranteces entre ministerios y provoca encontronazos entre los enfajinados, con la aquiescencia de Robles, y los burócratas, con el beneplácito de Marlaska, vamos a asistir a un espectáculo de alto voltaje con consecuencias negativas para el devenir cercano del Cuerpo. Estaremos atentos a ello.-
La primera piedra de toque la tenemos este próximo lunes, 27 de enero, dado que está prevista una reunión extraordinaria del Consejo de la Guardia Civil a la que se espera acuda también el ministro del Interior para tratar el asunto de la cesión de competencias de Tráfico a Navarra y en la que bien puede aprovechar la flamante directora para exponer las líneas maestras de lo que pretende sea su mandato, si la dejan. No estaría de más que hubiera un claro pronunciamiento sobre lo relacionado con el cumplimiento del tercer tramo de subida salarial previsto en el Acuerdo de equiparación rubricado en marzo de 2018, descartando ya la posibilidad de la ejecución íntegra del mismo porque su 'jefe' Marlaska se ha encargado de dejarlo meridiano con sus manejos respecto del informe elaborado por la empresa consultora externa y en el que se deberían constatar las diferencias monetarias reales entre policías/guardiaciviles y mozos de escuadra. Por lo que conocemos en estos momentos, la intención del nuevo Gobierno es retrasar la dotación dineraria hasta la posible aprobación de los presupuestos generales que debería haber para este año. Y si tales intenciones se confirman ya podemos echarnos a temblar. Para mayor información decir que el pasado 17 de enero el Gobierno respondió a una pregunta parlamentaria acerca de cuándo tenía pensado cumplir el Acuerdo de equiparación salarial, del siguiente literal “...el Gobierno ha cumplido con el Acuerdo...”, lo que resulta de todo punto falso. Fíjense si llegan a ser araneros que más adelante llegan a afirmar que la cantidad restante que falta por abonar supone un montante de 247 millones de euros. Veamos, si ya han cumplido ¿por qué faltan 247 millones? Pues porque no han cumplido, lógicamente. Además, 'cumplir' con el Acuerdo supone aprobar “las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones”, tal y como establece la clausula Octava del convenio. A mayores, 'cumplir' con el Acuerdo supone asimismo analizar las cifras de equiparación puesto a puesto, fijando las correcciones que sean necesarias, que deberían haberse incorporado una vez finalizado el trabajo de la Consultora externa contratada al efecto, como se recoge en la clausula Primera. Nada de lo anterior se ha hecho ni se atisba la posibilidad cercana de que lo hagan. Pero, claro, qué vas a esperar de un Ejecutivo que afirma sin pudor que falta un tramo monetario de 247 millones de euros cuando la pura verdad es que son 100 millones más. O no se enteran o es que tienen más cara que espalda, cada cual que elija la opción que prefiera.-
Y voy más allá todavía porque si el ministro o su elegida, María Gámez, desean pasar página respecto a la gestión del nefando Félix Azón, uno de los deberes ineludibles que deben afrontar es la devolución de los millones que el mentado señor cedió sin motivo alguno a los compañeros de la Policía Nacional. Recordemos al respecto que quebrantando la palabra dada a las asociaciones representativas firmantes del Acuerdo, Azón se comprometió a mantener el criterio de reparto dinerario establecido para 2018 en el siguiente año. Finalmente decidió unilateralmente ceder más de un 1'7% de todos los guardiaciviles (alrededor de 4'3 milloncejos del ala), y cuando se le afeó ese modo de proceder, nos salió con la chulería y la prepotencia como argumentos. Sabíamos que el porcentaje de reparto entre cuerpos, consecuencia del número de profesionales perteneciente a cada cual, era el correcto y así lo ha venido a confirmar la auditoría, por lo que cabe esperar que ese dinero sea devuelto a la hora de repartir el montante atinente al tercer tramo. La esperanza es lo último que se pierde, dicen.-
Pero volviendo al tema ya señalado de los presupuestos generales del Estado para este 2020, resulta incuestionable que para que la norma salga adelante, debe contar con el sostén de grupos políticos que no están precisamente entusiasmados con la idea de que los cuerpos de seguridad estatales recorten diferencias salariales con 'sus' fuerzas de seguridad y, además, consideran el incremento nominal como un premio a su actuación durante el 'procès', lo que constituye un freno, por mucho que no sea tampoco decisivo de cara a un posible entendimiento final sobre el particular. Una forma de evitar este contratiempo hubiera sido aprobar la dotación presupuestaria pertinente (347 millones de euros), conjuntamente con la subida salarial de los empleados públicos acordada el pasado martes por el Consejo de ministros y ministras (o 'ministres'... o como carajo se diga ahora). No se explican las razones por las cuales este Ejecutivo ha decidido proveer mediante Real Decreto-ley un montante superior a los 3.200 millones de euros con la finalidad de cumplir con el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de 2018 entre el gobierno de entonces y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, pero obvia hacer lo mismo con el Acuerdo firmado tres días después con las asociaciones y sindicatos representativos de los componentes de la Benemérita y la Policía Nacional.-
Tampoco podemos olvidar el hecho de que en ese mismo Consejo de minsitr@s se aprobó el reparto de otros 103.000 millones de euros de los fondos de financiación autonómica, lo que hace más incomprensible aún la decisión gubernamental de retrasar el antedicho tercer tramo de subida salarial para guardiaciviles y policías nacionales. Hay dinero para ello, no cabe duda, el segundo tramo, abonado el pasado año, se realizó a comienzos del ejercicio pese a que tampoco había presupuestos generales (continuamos tirando con el realizado por el anterior gobierno en 2018), pero por razones desconocidas han decidido marear la perdiz con esta tercera parte.-
Quizás tengan intención de aguardar hasta tener la certeza de que la ley presupuestaria que pronto deberían presentar para su tramitación parlamentaria cuenta con apoyos suficientes como para culminar con éxito, porque ya sabemos qué ocurriría si los vuelven a tumbar, como aconteció en 2019... nuevas elecciones generales. Y en un escenario así, aprobar la partida monetaria para subir el sueldo de ambos cuerpos policiales puede suponer un importante nido de votos nada desdeñable. No encuentro otra razón factible para tal abandono, lo que me lleva a concluir que este Ejecutivo, y Marlaska sobremanera, no siente apego alguno por sus fuerzas de seguridad. Ya se había podido notar tal desafecto durante la situación de interinidad vivida a raíz del triunfo de la moción de censura y también en el periodo 'en funciones' desde que rechazaron los anteriormente aludidos presupuestos generales, pero podría pensarse que las situaciones anormales y novedosas atravesadas durante esos meses habían contribuido a esa sensación. Ahora, con un gobierno formalmente constituido y con un ministro del Interior que ha podido reorganizar su equipo a gusto, eliminado lastres tan notorios como Félix Azón o Ana Botella, comprobamos como el desinterés se ha afianzado. El lunes día 27 Marlaska, o bien María Gámez, tienen la oportunidad de demostrar lo contrario ante los representantes de los guardias civiles. No deberían dejar pasar ese tren.-
