Por Alberto Llana
Uno de los aspectos más desconocidos sobre la Guardia Civil fue el despliegue de unidades costeadas por erarios públicos distintos a los estatales e, incluso, a cargo de fondos privados. Esta particularidad no resultó infrecuente a finales del siglo XIX y comienzos del XX, pudiendo rastrear su referente en la extinta Santa Hermandad, considerada por muchos como el primer cuerpo policial de Europa y caracterizado por estar conformado por grupos de personas armadas que dependían de los concejos municipales. Normalmente se asociaban varios concejos con el fin de afrontar los gastos inherentes a esas fuerzas del orden. Disuelta en 1835, nueve años antes de la creación de la Guardia Civil, la idea de tener una Unidad de la Benemérita en la demarcación resultaba muy atractiva para muchas localidades con problemas de seguridad, dada la eficacia mostrada por el Cuerpo durante su -entonces- corta vida, aunque ello supusiera tener que 'aflojar la mosca' toda vez que que el Estado no tenía capacidad presupuestaria suficiente para encarar un despliegue más amplio de la Guardia Civil. Así llegó a hacerse en Albacete, Badajoz, Ciudad Real, Gerona, Granada, Huesca, Jaén, León, Lérida, Murcia, Oviedo, Tarragona, Toledo, Valencia y Zaragoza. Normalmente fueron unidades pequeñas, tipo 'Puesto', aunque hay una excepción notable que es la que comentaré.-
La iniciativa más destacada fue la formulada por la Diputación Provincial de Cádiz en 1892, que solicitó nada menos que dos compañías de la Benemérita con cargo a su presupuesto. La necesidad de una fuerza tan numerosa se consideró oportuna tras unos graves disturbios entre los anarquistas y las fuerzas del orden que comenzaron en Jerez de la Frontera el 07 de enero de 1892 y se alargaron varios días. Con un saldo de varios muertos y heridos así como multitud de detenidos, el incidente terminó con la ejecución por garrote vil de cuatro de los cabecillas el siguiente 10 de febrero. Como la provincia gaditana ya había padecido en años anteriores acontecimientos parecidos, el temor a nuevos rebrotes supuso el impulso necesario para que la Diputación solicitara del ministerio de la Gobernación, tras una sesión celebrada el posterior 12 de abril, el aumento de dos Compañías de la Guardia Civil con una dotación de 100 hombres cada una a costa de la provincia, disponiendo de una partida dineraria para ese mismo año de 216.900 pesetas que se calculaban para gastos de sostenimiento, además de otras 29.000 para los de instalación. Reseñar que en aquel año y debido a las estrecheces económicas del Estado, la plantilla de la Benemérita era de unos 15.000 hombres.-
Esa primera solicitud no tardó mucho tiempo en ser matizada ya que el 23 de mayo de 1892, tras la evidente mejora de la seguridad pública en Cádiz y simplemente con ánimo de reforzarla, la asamblea de la Diputación “acordó modificar su anterior acuerdo sobre la instalación de las dos citadas compañías, reduciendo su petición a una sola porque habían desaparecido las circunstancias difíciles por que atravesaba la provincia”, disminuyendo por tanto el presupuesto inicial hasta la cantidad de 108.450 pesetas para su sostenimiento. Sin embargo, llegado el 12 de agosto, se aprobó por real orden el proyecto primigenio de dos Compañías y su montante económico. A la jornada siguiente la comisión provincial acusaba recibo del visto bueno “guardando las formalidades debidas y mandando reducir en el presupuesto la indicada suma”. Hubo que aguardar hasta el 21 de agosto para que otra real orden confirmara el acuerdo por el que se rebajaba la petición incial, reduciéndola a una sola Compañía de guardiaciviles. Pero como las cosas de la Administración siempre van despacio, se produjo un nuevo tiempo de espera hasta que una tercera real orden, fechada el 19 de noviembre de 1892, y de conformidad con el ministerio de Hacienda y la Dirección de la Administración Local, concediera finalmente lo solicitado (una sola Compañía), “siendo de cuenta de la Diputación todos los gastos que ocasiones su instalación y establecimiento como también su constante sostenimiento”, debiéndose abonar al ministerio de la Guerra las cantidades necesarias para ello.-
El 13 de febrero de 1893 una nueva real orden disponía la creación de la Compañía de la Guardia Civil, “fundada en el laudable propósito de contar con mayor garantía para la seguridad en los campos y poblaciones, fomentando así los intereses agrarios y la prosperidad de las industrias agrícolas” en la provincia de Cádiz, con cargo a los presupuestos de su Diputación y cuya composición era la siguiente: 1 capitán, 2 primeros tenientes, 1 segundo teniente, 4 sargentos, 12 cabos, 10 guardias 1º, 72 guardias 2º y 2 cornetas, tratándose de una compañía de Infantería y siendo sus cuatro oficiales plazas montadas. La cuantía económica ascendía a 14.500 pesetas en concepto de gastos de instalación, 98.864 pesetas en concepto de sueldos y 29.306 pesetas en conceptos varios.-
A partir de ese momento la historia se tuerce. El 17 de marzo de 1893, se recibe en la asamblea provincial un oficio del Director General de la Benemérita en el que solicita de forma inmediata un local para albergar la nueva Compañía y señalando que la “manutención y sostenimiento de la misma es de cuenta de la provincia desde 1º de Abril próximo”, tal y como acredita el libro de actas correspondiente a la sesión celebrada el día 21 de ese mes. Ante ello, la asamblea considera que ha habido un equívoco toda vez que conforme a un nuevo dictamen de su Comisión de Hacienda “la concesión de la compañía de la Guardia Civil se ha hecho con carácter permanente, cuando la Diputación la ha solicitado en vista de las circunstancias especiales y transitorias por que atravesaba la provincia por consecuencia de los acontecimientos de los anarquistas en el año último cuya circunstancia afortunadamente ha variado”, aunque lo cierto es que la cuestión concreta de la duración de la adscripción de la fuerza de la Guardia Civil nunca había sido precisada en las solicitudes formuladas por la Diputación. Debido a ello y con el acicate de la mejora en la seguridad pública, la asamblea acuerda por unanimidad que se gestione “la supresión del aumento de la Compañía del benemérito Cuerpo de la Guardia Civil toda vez que como hemos manifestado a V.E., han desaparecido las razones y con ellas el objeto para que fue concedido”.-
El relato concluye el 29 de mayo de 1893 con una real orden del ministerio de la Guerra consecuente con otra del ministerio de Gobernación “por la que accediendo a lo solicitado por la Asamblea se suprime la instalación de una Compañía de la Guardia Civil creada para esta provincia”. No obstante todas estas idas y venidas causaron perjuicios económicos a las arcas de la Diputación así como a los guardiaciviles que estaba previsto enviar a Cádiz. Se dispuso que los oficiales que iban a componer el cuadro de mando de la malograda Compañía pasaran a la situación de reemplazo mientras que el resto (concentrados en Alcalá de Henares y Córdoba para su posterior marcha a Cádiz), fueron devueltos a sus Comandancias de origen.-
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