Por Alberto Llana
Tras el escándalo desatado por el ministro de Interior cesando de manera absurda al Coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos bajo la excusa generalista de 'pérdida de confianza' como burdo intento de encubrir la motivación real de la decisión que no fue otra que la de "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento", acerca de la manifestación del 8M y su relación con la propagación del coronavirus, Fernando Grande-Marlaska anunció en cuanto tuvo oportunidad que el Gobierno iba a hacer efectivo el tercer tramo del Acuerdo de equiparación salarial entre componentes de la Benemérita y Policía Nacional y miembros de los Mossos d'Esquadra. Es de suponer que en las pocas horas transcurridas entre el cese, la polvareda que levantó -incluida la dimisión del Director Adjunto Operativo del Cuerpo-, y su comparecencia pública del martes, que por otro lado no estaba siquiera prevista, ni él ni su equipo tuvieron una idea mejor para intentar calmar los ánimos, intento baldío por otra parte.-
Y es que la única novedad al respecto sobre tal anuncio es la de recoger en un Real Decreto sobre medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19, una disposición por la cual "Se exceptúan de la limitación de gasto establecida en el artículo 21 del Real Decreto-ley 2/2020, de 2 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, las medidas necesarias para la aplicación del Acuerdo entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de 12 de marzo de 2018". Es decir, que lo que se dice dinero todavía no hay y a buen seguro deberemos esperar a ver qué acontece con los Presupuestos Generales del Estado para este año. Así que lo único que se puede considerar un avance es la predisposición a hacer efectiva una parte del Acuerdo aunque haya que apretarse el cinturón a causa de la crisis económica que ha traído consigo la pandemia. No mucho que se diga ya que este Gobierno había dejado claro desde el principio su intención de cumplir con determinadas cláusulas del pacto, más concretamente con aquellas que hacen referencia a los 807 millones de euros en tres tramos, a repartir entre el personal de ambos Cuerpos en situación de Activo o Reserva/Segunda Actividad con destino. Del resto de apartados mejor olvidarse con el actual Ejecutivo porque, al igual que lo antedicho, también han dejado patente que les resbala.-
Pero incluso habiendo aprobado una norma que parece 'blindar' el último tramo de subida salarial, para el que hacen falta 247 millones de euros, mejor no fiarse de lo que pueda ocurrir. En su momento escribí que si el Gobierno fuera sincero en sus pronunciamientos, a día de hoy esa cantidad ya estaría siendo recibida en las nóminas de policías y guardiaciviles. Cabe recordar que en el mes de enero el Ejecutivo decidió proveer mediante Real Decreto-ley un montante superior a los 3.200 millones de euros con la finalidad de cumplir con el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de 2018 entre el gobierno de entonces y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Pero hay más porque en el mismo Consejo de minsitr@s se aprobó el reparto de otros 103.000 millones de euros de los fondos de financiación autonómica, por lo que cabe preguntarse qué les habría costado dar el visto bueno a la 'mísera' cantidad (comparativamente hablando) de 247 millones para dar por finiquitada esa parte del Acuerdo de equiparación. Sin embargo prefirieron guardarse esa opción por si en el futuro podían mercadear con ella, como ha sucedido ahora... y lo que te rondaré morena.-
Para cumplir con un Acuerdo cuyo objetivo es alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares, hay que materializarlo en todos sus extremos. Y mientras existan partes no ejecutadas o satisfechas a medias, esa finalidad no se logrará, que es lo que estamos percibiendo desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa y cada día con mayor claridad. En ese contexto de incumplimientos totales o parciales hay que referirse a "las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones", previstas en la cláusula Octava y que ni están ni se las espera. Del mismo modo que los "100 millones de euros cada ejercicio (o sea 300 millones) para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo", contemplados en la cláusula Tercera y que no se sabe por dónde andan. Y qué decir del estudio comparativo realizado por una consultoría externa y convenientemente adaptado en sus conclusiones a los deseos del propio Marlaska, que no lo aceptó hasta que dejó claro que con los 807 millones inicialmente previstos -y que podían aumentarse en función de los resultados del propio estudio-, bastaba para lograr la justa equiparación salarial.-
Precisamente ese informe confeccionado por la consultora tiene mucho que ver en el objeto de este comentario ya que un par de días después del anuncio realizado por el titular de Interior al que hacía referencia al comienzo, se publicó un artículo de prensa con el título "Interior impondrá un acuerdo a policías y guardias para acelerar la equiparación". Lo primero que pensé fue en el oxímoron resultante de 'imponer un acuerdo' y que tanto le pega al personaje en cuestión. Luego, tras leer la noticia observo que se refiere a fijar unilateralmente el porcentaje de reparto monetario entre los cuerpos afectados. Sobre este aspecto cabe resaltar que en el primer tramo dinerario la cantidad prevista se dividió en atención a los siguientes porcentajes: 59% para la Guardia Civil y 41% para la Policía Nacional, considerando los miembros pertenecientes a cada Cuerpo. El pasado año, y antes de que el estudio de la consultora fuera aceptado por Marlaska, cambiaron esos porcentajes, situándose en el 57'28 para la Benemérita y el 42'72 para la Policía. Pero he aquí que el repetido informe también refleja que el porcentaje adecuado de reparto es el establecido para el primer tramo. Y la pregunta es muy sencilla, si el ministro dio por bueno el informe modificado a su gusto en lo referente a la cantidad total, ¿va a cambiar de criterio y rechazará la parte que dice que el porcentaje de distribución apropiado es el primero de los mencionados?
A estas alturas podemos esperar cualquier cosa de Marlaska, incluso que al final ni siquiera siga ostentando la cartera ministerial, la cual debería haber dejado tras conocerse el escrito de cese del Coronel de los Cobos y que ha terminado por agotar totalmente el crédito político que pudiera llegar a conservar por esas fechas. Si se empeña en continuar desempeñando su labor actual, agarrado a un clavo ardiente, lo mejor que podría hacer para enfriarlo un poco es cumplir totalmente con el Acuerdo rubricado en marzo de 2018. Y repito lo de 'totalmente' porque de no ser así no se podrá hablar de equiparación salarial y, evidentemente, se la exigiremos con firmeza ya que ese era el objetivo irrenunciable que nos fijamos cuando lo firmamos.-
