Por Alberto Llana Publicado el 16 de agosto de 2017
La huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat se ha convertido en indefinida y, como se había anunciado, el gobierno ha decidido reforzar la presencia de la Guardia Civil en dichas instalaciones. Las razones últimas, como siempre, son meramente políticas. Podrán argüir la seguridad aérea, los derechos de los usuarios del aeropuerto o lo que quieran, pero creo que la razón principal no es otra que el clima político que rodea la cuestión. Así, el gobierno autónomo ha intentado mediar en la situación, no para encontrar una solución satisfactoria entre las partes sino, más bien, para intentar demostrar cómo ellos podrían gestionar mejor El Prat de lo que lo está haciendo AENA, empresa mayoritariamente pública y dependiente por tanto del gobierno central. Al rechazar los trabajadores la oferta de la Generalitat, ésta ha plegado velas de inmediato al comprobar que podrían salir escaldados también de la refriega y no está el horno como para victorias pírricas de cara al referéndum ilegal.-
AENA y el gobierno central también tienen lo suyo, que en realidad es la mayor parte de responsabilidad. En principio por privatizar un servicio que debería ser público en beneficio de empresas privadas, en las cuales aparecen familiares y amigos por doquier. De segundas por no resolver el problema de raíz y dejarlo enquistar. Bien es cierto que se trata de un conflicto entre trabajadores y su empresa, pero al estar en juego los derechos de los usuarios del aeropuerto y, sobre todo, la seguridad aérea, podrían haber adoptado medidas mucho antes de lo que lo han hecho. Y para ello nada como leerse la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 16 de noviembre de 2016, en la que se determina que “La apreciación que hace la sentencia recurrida sobre la supuesta vinculación de (…) con sus empresas clientes es tan amplia que conduciría a consecuencias totalmente exorbitantes respecto de una adecuada protección del derecho de huelga, pues si se impidiese a los destinatarios de los trabajos, que no lo tengan prohibido por contrato, contratar con otras, llegaríamos a sostener, como señala en su informe el Fiscal de la Audiencia Nacional, que los consumidores habituales de un comercio no pudieran comprar en otro, en caso de huelga en el primero, o que, la empresa que tenga que realizar determinados trabajos no pudiera recurrir a otra empresa de servicios”. ¿Podría tener aplicación esta lectura del Derecho de huelga al caso concreto de El Prat? Pues, sin ser jurista, pudiera ser que sí, que AENA pudiera haber subcontratado con otra empresa el mantenimiento de los servicios de seguridad encomendados a un determinada empresa privada, en pos de salvaguardar a los usuarios y la propia seguridad que establece el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.-
Porque en todo este problema derivado del legítimo ejercicio del Derecho de huelga de unos trabajadores que, en mi opinión, tienen razones sobradas para ejercitarlo, no se están valorando, de manera genérica, todas las claves del asunto. Siempre que se practica un Derecho deben de tenerse en cuenta los Derechos de los demás. Normalmente suele haber colisiones entre Derechos y hay que establecer cuál es el que prima sobre otro o sobre el resto. ¿El Derecho de huelga de unos trabajadores prima sobre el Derecho de los usuarios a no tener que esperar más de lo necesario a ser atendidos de manera conveniente? La respuesta puede parecer obvia, y lo sería en otras circunstancias no tan especiales como las derivadas del conflicto de El Prat, o de cualquier otro aeropuerto. Y es que hay otro Derecho fundamental en juego. Y no es otro que el Derecho a la vida, a la integridad física de los usuarios de las aeronaves. Y cuando entra en juego ese Derecho fundamental, los demás suelen ponerse en un segundo plano, salvo casos muy concretos y escasos, ajenos al planteamiento actual.-
Por tanto, la confluencia de Derechos en juego es más compleja de lo que nos suelen presentar en los medios de comunicación y algunos partidos políticos que, como es habitual, solo hablan su propio lenguaje, distinto al común de los ciudadanos. Al final, si quien estas líneas está leyendo, fuera de pasajero en un avión, lo que realmente le importaría es que el viaje terminara sin novedad alguna, quedando en un segundo plano si ha tenido que esperar más o menos en la cola de seguridad o en la de embarque o si se solidariza o no con los trabajadores en huelga. Y esa seguridad de los ciudadanos es la que trata de salvaguardar la Guardia Civil. Si algunos quieren entender, por réditos políticos, económicos o por las razones que sean, que la Benemérita interviene para sabotear el legítimo Derecho de huelga de los trabajadores de seguridad privada, mejor se lo replantea porque la Guardia Civil y, sobre todo, los guardiaciviles, son ajenos a esas cuestiones como es lógico que sean. No les metan en medio de trifulcas sectarias solamente porque el Instituto tiene la buena costumbre de encajar todos los golpes en silencio y demostrando por la vía de los hechos el buen quehacer que le ha granjeado una alta consideración entre los ciudadanos. Y no les llamen esquiroles, sobre todo quienes de tocarles lidiar con el ‘marrón’, harían exactamente lo mismo que se ha hecho ahora.-
Cuestión ajena a este comentario son las condiciones legales, o normativas si lo prefieren, en que ese servicio se está prestando en la actualidad por parte de la Benemérita. Eso hay que analizarlo con mucho más detenimiento ya que resulta extremadamente complejo y puede que depare sorpresas desagradables para ciertos responsables que han querido quedar bien con los políticos de turno de cara a sus carreras profesionales y a las medallitas pensionadas que tan bien vienen tras la jubilación (o el retiro para los militares).-
Comments