Escrito por LlanAUGC 17-01-2018
Por Alberto Llana
El 16 de enero de 2018 se producía la ansiada cita en la que se esperaba que el ministro Zoido concretara sus buenas intenciones acerca de la equiparación salarial entre los miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional con otros cuerpos policiales de ámbito autonómico. En la última reunión mantenida entre el responsable de la cartera de Interior y los representantes de guardiaciviles y policías nacionales, el 26 de diciembre de 2017, se pospuso la concreción de la oferta del gobierno a las organizaciones policiales para ese día y, por ello, la expectación era tan grande como la cautela generada por tres décadas de promesas vacuas y ofrecimientos grandilocuentes que nunca llegaron a convertirse en realidad.-
Al igual que en el último encuentro antes dicho, Zoido se reunió por separado con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil y en ambos casos mostró sus manos vacías de nuevo. Es cierto que puso sobre el tapete un documento con determinadas generalidades que, por un lado, en nada comprometen ni al propio ministro -y por ende al Gobierno- y, por otro, solicita alegremente ‘meter mano’ a determinados derechos sociolaborales que, ni se enumeran, ni se cuantifican y que, en cualquier caso, han sido logros conseguidos a lo largo del tiempo y a los que no se puede ni se debe renunciar a la ligera, máxime cuando ni siquiera se sabe cuáles son y de qué manera se pretenden recortar o suprimir.-
Así, la oferta económica transcrita en el documento que Zoido ha presentado a las organizaciones dice lo que sigue: “El Ministerio del Interior se compromete a impulsar la financiación de la Equiparación Salarial total y completa entre los miembros de la Guardia Civil (y de la Policía Nacional, en su caso), que desarrollan su actividad en el conjunto de España, y los del Cuerpo de los Mossos de Esquadra…”. En lo que a mí respecta, lo de ‘impulsar’ no resulta vinculante en modo alguno, por lo que me suena a hueco, y me llama poderosamente la atención eso de que “desarrollan su actividad en el conjunto de España”. Semejante obviedad me genera desconfianza porque resulta superfluo indicar que los profesionales de la Benemérita y de la Policía Nacional ejercen sus funciones por todo el país, tal está escrito en la ley. ¿Habrá un trasfondo oculto tras esa aseveración baladí?.-
Tras comprobar la superficialidad de la propuesta no cabe por menos que preguntarse sobre los motivos que han llevado a Zoido a presentarse con tamaña vaguedad. Tal y como aconteció en la antedicha reunión del 26 de diciembre pasado, queda claro que el Gobierno tenía que mover ficha ante la presión que está sintiendo por el tema de la equiparación salarial. Aquel día, Zoido pidió tiempo para concretar más las cosas y lo que ha hecho es intentar darle la vuelta a la tortilla. De momento han conseguido que la primera reacción de los medios de comunicación sea la de que el ministerio ofrece la deseada equiparación en tres años y que, en consonancia con las peticiones de las organizaciones policiales, la cantidad monetaria comprometida sea la de 1.500 millones de euros. Tal es así, que los titulares de los informativos daban por sentado ese hecho como si ya estuviera firmado y prácticamente ingresado en las cuentas corrientes de los afortunados agentes de la autoridad. Por tanto el primer objetivo de desinformación ha sido todo un éxito para Zoido. Ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos a posteriori ya que, como no me canso de repetir, esta oferta está tan hueca como la cabeza de quien la presenta.-
Tampoco debemos descartar un segundo objetivo que sería el siguiente: tras el lógico rechazo de este ofrecimiento por parte de las organizaciones policiales por las razones ya expuestas, el ministerio puede acusar a esas organizaciones de no querer alcanzar un acuerdo para la equiparación salarial y argumentar que ya no pueden hacer más esfuerzos en ese sentido. Y todavía hay más, porque sería muy razonable imaginar que la estéril propuesta de Zoido busque socavar la unidad de acción creada en torno a JUSAPOL por las distintas organizaciones representativas. Quizás tenga la esperanza de que alguna organización no vea con tan malos ojos las divagaciones del documento y comience a replantearse su postura en esta cuestión. No creo que sea tan sencillo, pero ello no obsta para tratar de intentarlo.-
El punto 5 del documento 'zoidiano' expresa que “Los firmantes acordarán el sistema de determinación de las cantidades a las que se refieren los párrafos anteriores”, y ello me vuelve a poner los cinco sentidos en pie de guerra. En el caso de la Guardia Civil, sus asociaciones representativas (que no sindicatos) no pueden, por ley, alcanzar acuerdos con la Administración. Tan solo tienen derecho a ser oídas (que no escuchadas como siempre remarco) y, tras tomar nota de su postura, la Administración hace finalmente lo que le viene en gana. Ejemplos claros los tenemos desde la creación del Consejo de la Guardia Civil pero en mayor medida desde que la crisis económica se cebó con España, sufriendo recortes de todo tipo y alcance sin llegar a acuerdo alguno con los legítimos representantes de los guardiaciviles. La Administración se limitaba a presentar las medidas que pretendía aprobar, requería la opinión de las asociaciones, se anotaba la misma en el acta de la reunión y, a la postre, esas intenciones se convertían en pura realidad. Ahora nos topamos con la pretensión ministerial de firmar un acuerdo... ¿Por qué? ¿Para qué? Pues la respuesta, al menos para mí, resulta muy sencilla. Porque esta equiparación hueca que han presentado es una trampa sibilina en la que esperan que caigamos y desean (cual Lucifer) ver estampadas las firmas de los incautos en el contrato de venta de su alma.-
¿Saben cuál es el mejor resumen que se puede hacer de la propuesta hueca de Zoido? La siguiente:
Punto 1 del documento: “El Ministerio del Interior se compromete a impulsar la financiación de la Equiparación...”
Punto 4 del documento: “Las Asociaciones Representativas de los Guardias Civiles se comprometen a aceptar la sustitución de cualquier derecho de carácter sociolaboral...”
Queda claro.-
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