Por Alberto Llana
El pasado día 19 de abril se hizo pública la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fechada doce días antes, mediante la cual estima la demanda interpuesta por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2021 que decidía unificar las dos Comandancias de la Guardia Civil existentes en el Principado de Asturias. Como ya expliqué tres días después de conocerse la noticia de la futura decisión gubernamental, a través de un comentario publicado en el diario 'La Nueva España' el 09 de agosto de 2021, la maniobra no respondía a una previsible mejoría de los servicios que presta la Benemérita en Asturias sino al capricho unilateral de un responsable del Cuerpo que, por fortuna, ya se ha ido con viento fresco a hacer la puñeta a otra Comunidad Autónoma, tal era su incompetencia.-
¿Por qué era un capricho? Pues porque el objetivo real no era ni más ni menos que tener más poder sobre todas las Unidades que conforman el despliegue territorial del Instituto en el Principado. La existencia de dos Comandancias con mando propio dejaba en cuasi testimoniales sus responsabilidades profesionales y esa realidad nunca fue de su agrado toda vez que le restaba méritos a cualquier actuación relevante, yendo a recaer en subordinados suyos, por lo que decidió pergeñar esta burda treta exenta de motivación alguna, como bien ha señalado el Tribunal Supremo en su Fallo. Con la simple alusión a unas presuntas «transformaciones territoriales y demográficas experimentadas en Asturias en los últimos años», sin mayores explicaciones, pretendía colmar las necesarias «necesidades objetivas» que exige la normativa de aplicación a la hora de adoptar un acuerdo como el de unificación de Comandancias. Así, el artículo 4.1 del Real Decreto 367/1997, por el que se determina la organización periférica de la Guardia Civil, estipula que «El Consejo de Ministros, mediante Acuerdo, determinará el número de Comandancias de las diferentes provincias, en función de las necesidades objetivas de cada una de ellas».-
Pero más allá de este inicial antojo estaba la total imprevisión, la orfandad más absoluta de una planificación clara acerca de cómo quedaría finalmente organizada la Benemérita en Asturias, cuántas Unidades se verían afectadas total o parcialmente, cuántos agentes (y sus familias) se verían damnificados por la decisión y cuál sería su destino ulterior. Todas estas cuestiones debieron ser abordadas a la carrera tras la aprobación del ahora anulado acuerdo del Consejo de Ministros, con el consiguiente desasosiego de muchos profesionales. Y ello sin perder de vista lo ya señalado acerca de que el resultado final nunca supondría ni una mejora en la calidad del servicio que la Guardia Civil presta a los ciudadanos ni un avance en las condiciones sociolaborales de los miembros del Cuerpo destinados en nuestra Comunidad Autónoma. En resumen, un gran despropósito que nadie, salvo la AUGC, estaba dispuesto a combatir.-
Con estos mimbres, la propuesta de unificación llegó a la Dirección General de la Guardia Civil que, realizando una clara dejación de funciones, se aprestó a dar vía libre a la chapuza, emitiendo un informe que dejaba patentes varias cuestiones: que el día 31 de agosto de 2020 el Comité de Dirección se reunió para estudiar la posible unificación de las Comandancias de Gijón y Oviedo así como las de Cádiz y Algeciras, descartando la posibilidad de fusionar estas dos últimas. En el caso de las Comandancias asturianas explicaba someramente que «las transformaciones territoriales y demográficas experimentadas en Asturias en los últimos años aconsejan adaptar la organización actual, igualándola a la del resto de comunidades autónomas uniprovinciales». Y, por supuesto, surge la pregunta, ¿A qué transformaciones territoriales y demográficas se refieren? Ni ellos mismos lo sabían, de otro modo lo hubieran expuesto sin tapujos. Pero lo peor viene a continuación ya que ese informe afirma igualmente que «Esta propuesta cuenta con el apoyo de las autoridades políticas con representación en la región». Una de dos, o el informe miente descaradamente o quienes lo hicieron fueron aquellas siglas políticas con representación en el Principado que se mostraron contrarias a la unificación cuando la noticia saltó a los medios de comunicación. Si esos partidos políticos no mostraron aquiescencia o ni siquiera fueron preguntados por su postura, ya están tardando en pedir explicaciones y exigir responsabilidades, tanto a nivel autonómico como nacional.-
El caso es que, después de muchas vueltas, el actual Gobierno decide aprobar la unificación de Comandancias saltándose a la torera lo que establece una ley orgánica acerca de presentar antes el proyecto a las asociaciones representativas de guardiaciviles y escuchar su opinión al respecto. Sobre este particular, el Tribunal Supremo no tiene duda alguna: «es innegable que se ha omitido un trámite preceptivo, como es oír al Consejo de la Guardia Civil cuando el acto que se proyecta aprobar afecta a aspectos sociales, profesionales o económicos de los miembros de dicho instituto armado. Que la unificación de las dos comandancias en una sola puede afectar -entre otras cosas- al número de efectivos y a la distribución del trabajo entre ellos es algo que va de suyo. Tan es así que, de otro modo, la unificación carecería de sentido. Y el número de efectivos y la distribución del trabajo son, sin duda alguna, aspectos que tocan lo profesional». Además le envía un contundente recado a un Gobierno sobrado de prepotencia: «que los derechos y deberes expresamente contemplados en el Título V de la Ley Orgánica 11/2007 hagan referencia a la profesión, no impide que puede haber otros aspectos profesionales. Más aún, el art. 54 de dicho cuerpo legal habla genéricamente de “otros aspectos sociales, profesionales y económicos” y, además, lo hace como cláusula de cierre del elenco de supuestos en que debe oírse al Consejo de la Guardia Civil. Ello pone de manifiesto que el legislador no buscó restringir dicho trámite sólo a aquellos casos en que puedan verse afectados derechos o deberes del mencionado Título V».-
Acerca de la anteriormente mencionada ausencia de necesidades objetivas que justifiquen la unificación, la Sala de Justicia se expresa de esta forma: «Es igualmente claro que el acuerdo impugnado está insuficientemente motivado. Referirse a “las transformaciones territoriales y demográficas experimentadas en Asturias en los últimos años”, sin explicar cuáles son en concreto y cómo inciden en el trabajo a desarrollar por la Guardia Civil, no satisface el grado mínimo de motivación exigible a un acto administrativo. Habría sido necesario, tal como dispone el art. 4 del Real Decreto 367/1997, exponer el modo en que esas transformaciones se traducen en “necesidades objetivas” atinentes a la estructura de la Guardia Civil en Asturias; algo que el acuerdo impugnado no hace». Y vuelve a dar un toque de atención a la soberbia gubernamental: «Ciertamente, la modificación del número de comandancias de la Guardia Civil en una determinada provincia es manifestación de la potestad de autoorganización de la Administración. Pero la potestad de autoorganización no se ejerce en el vacío normativo. Incluso admitiendo que frecuentemente comporta un margen más amplio de discrecionalidad que otras potestades administrativas, no cabe desconocer que está, en todo caso, sometida a aquellas normas jurídicas que en cada supuesto directamente la regulan».-
En este punto creo conveniente recordar lo ya expresado en su momento respecto a que la postura de la AUGC es clara: si la pretendida unificación de Comandancias en Asturias comporta una mejora en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos del Principado, bienvenida sea, porque esa es nuestra función y, sobre todo, nuestra vocación. Y si además deviene en una mejora de las condiciones sociolaborales de los guardiaciviles y sus familias destinados en nuestra patria querida, miel sobre hojuelas. Pero pretender hacer las cosas por capricho, sin respetar las leyes, sin motivaciones objetivas, sin planificación alguna, con oscurantismo y prepotencia, no va a encontrar nuestro respaldo sino nuestra más férrea oposición.-
Y quiero terminar replicando a un par de declaraciones realizadas tras conocerse el Fallo del Supremo. La primera de ellas manifestada por la alcaldesa de Gijón acerca de que el acuerdo había sido anulado por un «defecto de forma y no de fondo». Como se puede comprobar por lo trascrito en este comentario, dicho acuerdo ha sido anulado por defectos de forma, de fondo y, además, por vulnerar la ley, nada menos. Sería conveniente que se leyera el pronunciamiento y, si no lo entiende, le pida a alguien con conocimientos que se lo explique debidamente. En cuanto a la segunda, efectuada por la Delegada del Gobierno en Asturias, en el sentido de aseverar que «El Gobierno seguirá adelante para unificar las comandancias». Era de esperar. Es lo que ocurre siempre que a una persona caprichosa se le deniega su deseo, que insiste con mayor encono. Pero la próxima vez háganlo bien y garanticen que la pretendida transformación deriva en un incremento del personal operativo suficiente como para no tener que ver nunca más una patrulla unipersonal jugándose el pellejo de forma gratuita y, de igual modo, que en situaciones de riesgo los profesionales que se baten el cobre a pie de calle cuenten con el apoyo necesario y cercano que en esos momentos precisan.-
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