Por Alberto Llana
Les supongo al tanto de la penúltima salida de tono de Pablo Iglesias Turrión, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, desde enero de 2020. Y digo la penúltima a sabiendas de que cuando lean estas líneas ya habrá soltado alguna más. Precisamente el mismo día en que afirmó lo que origina este comentario nos dejó otra perla: «Mi pareja y yo no tenemos ningún problema económico», desveló el dueño del chalet de Galapagar, así que ya pueden imaginarse lo que habrá sido capaz de decir desde entonces. A lo que me refiero concretamente es a su sentencia pronunciada en una entrevista que le realizó la cadena televisiva gubernamental, es decir TVE, en la cual aseguró que «Los trabajadores públicos que hacen falta para seguir combatiendo una pandemia que nos está llevando a una situación de riesgo no son policías ni militares, son médicas y son enfermeros». Y si bien estoy de acuerdo en la última parte, referida a los profesionales de la medicina, no hacía falta aseverar que los anteriores no hacen falta. Lo que revela realmente tal aserto es la profunda inquina que estos colectivos le producen, algo que no nos pilla por sorpresa ya que en septiembre 2012 quedó patente cuando en uno de los capítulos de su programa llamado “La Tuerka”, y en relación a una manifestación radical violenta que arrojó un saldo de 35 detenidos y 64 heridos, 27 de ellos policías nacionales, se postuló del siguiente literal: «Hay una imagen muy polémica cuando hemos visto que un grupo de antidisturbios trababa de detener a un manifestante y algunos manifestantes le rodeaban y efectivamente agredían a un policía (…) Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado porque a pesar de que se la estaban jugando creo que expresaba una rabia que está creciendo y cuando la rabia crece entre la gente hasta el punto de ser capaz de jugarse la integridad física atreviéndose con un funcionario público que esta entrenado, que lleva un arma de fuego, que lleva un casco… algo está pasando en la sociedad». Así las cosas no resulta extraño que haya sido incapaz de dejar pasar la ocasión de ningunear a policías y militares en el intento de ensalzar a aquellos que también se lo merecen, algo muy grave en persona que ostenta altas responsabilidades de gobierno, al menos por lo que indica su cargo. Porque en realidad no sabemos muy bien a qué dedica su tiempo este individuo ya que su bagaje desde que asentó sus posaderas en la sobredimensionada bancada azul del Congreso es más escaso que el de su compañera de casoplón, lo cual no deja de ser alarmante. Una reciente encuesta del CIS desvelaba que más del 70% de los españoles desconocía el ministerio que dirigía Pablo Iglesias, lo cual me lleva inevitablemente a dudar de ese porcentaje, conocedor como soy de las inclinaciones del actual CIS, con el ínclito José Félix Tezanos a la cabeza. Si ese dato no es concluyente acerca de lo baladí de su presencia en el Ejecutivo, ignoro qué más se necesita para llegar a esa conclusión.- Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1ui2PDJJb_s
Una de las cuestiones importantes en relación con la salud en general es la prevención y si nos situamos en el terreno de las pandemias, como es el caso, esa importancia adquiere mayor trascendencia, entre otras cosas porque la prevención no se puede planificar a largo plazo sino que debe ser inmediata. Frenar la propagación del virus resulta tan vital o más que la encomiable labor de los profesionales de la medicina o de la limpieza y desinfección, por poner otros ejemplos. Las medidas preventivas, impulsadas por los responsables políticos, deberían ser seguidas por todos los ciudadanos, algo que mayormente ocurre. Pero es sabido que hay muchas, demasiadas, personas que las ignoran o incluso luchan abiertamente contra ellas, lo que aboca a que deba exigirse su cumplimiento por el bien general. Y esa tarea les corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre los que se encuentran los miembros de la Guardia Civil, militares de carrera, aunque no sean los únicos porque somos conscientes de la implicación de las Fuerzas Armadas en esta lucha contra el virus, bien realizando labores de desinfección, de rastreo, montando y atendiendo hospitales de campaña y también apoyando directamente a los agentes de la Autoridad o haciéndose cargo de la protección de instalaciones en orden a liberar de esa tarea a guardiaciviles para que centren sus esfuerzos en la estricta observación de las antedichas medidas preventivas.-
El pasado 21 de septiembre se publicó en algunos medios de comunicación una noticia referida a una sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que considera que la Consejería de Interior de la Generalitat incumplió el deber de protección hacia los agentes de los Mozos de Escuadra, que se vieron expuestos al contagio por el COVID-19. El alto tribunal catalán condenó a la Generalitat a evaluar los riesgos laborales y planificar la actividad preventiva de los miembros de su policía. El Fallo argumenta que durante dos meses, del 10 de marzo al 11 de mayo, el virus afectó a casi 3.000 agentes de ese Cuerpo, el 13,80% de su plantilla, lo que supone 10 veces más que la media española que se registraba en junio. Pero hay más porque el pronunciamiento judicial destaca así mismo que desde el 10 de marzo y hasta el 1 de abril, no se realizaron pruebas PCR a los agentes que se reincorporaron al servicio tras un periodo de cuarentena a causa del virus. Y miento este Fallo porque los datos reseñados conforman parte de los hechos probados y no están sujetos a visiones parciales o no totalmente contrastadas de unos u otros.-
Por otro lado, los datos oficiales reflejan que la Guardia Civil desarrolló casi 50.000 servicios humanitarios durante el Estado de Alarma, tales como reparto de comida y medicamentos a las personas más vulnerables, auxilios a personas de edad avanzada, entrega de material de todo tipo a núcleos rurales apartados, así como traslado de respiradores a hospitales y escoltas de camiones con material sanitario. Desplegó 900.000 dispositivos para evitar reuniones y desplazamientos injustificados y llevó a cabo 91.000 intervenciones para proteger a víctimas de violencia machista. Mantuvo contacto estrecho con todas las residencias de mayores, lo que se tradujo en más de 22.700 reuniones con las mismas y casi 22.000 con los diversos centros médicos para asegurar la constante prestación de servicios. Los miembros de la Brigada NRBQ hicieron casi ochocientas intervenciones para formar al personal de las residencias sobre cómo se usan los equipos de protección individual y para desinfectar estos centros. Se interceptaron 170.000 vehículos realizando desplazamientos injustificados y en total se identificaron a 10 millones de personas y se controlaron casi ocho millones de vehículos. Y eso solamente en referencia a la Benemérita, que es lo que mejor conozco. Imaginen los datos conjuntos de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas.-
Frente a lo anterior tenemos la actividad desarrollada por el Vicepresidente segundón del actual Ejecutivo, el cual ya reconoció en su día que habían cometido algunos 'errores' en la gestión de la pandemia: «¿Si hemos hecho todo bien?», se preguntaba en esa ocasión el líder morado. «Evidentemente no, y haremos cosas mal en el futuro, porque somos humanos». El problema es que esos fallos han sido de tal magnitud que cualquiera con un mínimo de coherencia o de conciencia hubiera presentado la dimisión. Veamos un ejemplo de incoherencia. Cuando la famosa crisis del ébola, Pablo Iglesias, a la sazón eurodiputado, realizó una pregunta a la Comisión Europea sobre la gestión de la misma por parte del gobierno de entonces. Cabe recordar que desgraciadamente una auxiliar de enfermería resultó contagiada por el virus y el ahora residente en Galapagar afirmaba que esa fatalidad «muestra la negligencia política por parte del gobierno en la gestión de todo el proceso», exigiendo a Estrasburgo que hiciera cumplir a España «la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea en su artículo 35 referido a la protección de la salud, donde se establece el derecho a la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales». Y terminaba con dos demandas directas: «¿Va a permitir la UE que el desmantelamiento de la sanidad pública vulnere los derechos fundamentales de todo ciudadano y trabajador a contar con los requisitos básicos de la atención sanitaria? ¿Va a llevar a cabo la UE alguna investigación para que se diriman responsabilidades políticas en este caso?». Y ahora elucubren sobre si cabría ahora, con más razón aún, plantear estas mismas preguntas a la Comisión Europea. Imaginen qué diría el insigne Vice y sus compañeros de gobierno si algún eurodiputado español las formulara.-
Para situar mejor la cuestión sobre personas o personajes superfluos acudiré a otra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Teruel el 03 de junio de 2020. En la misma se condenó al Gobierno aragonés por vulnerar el derecho fundamental a la vida con su gestión de la crisis del coronavirus, responsabilizando directamente a las autoridades por «pasividad», dado que conocían el riesgo desde enero y no actuaron en consecuencia, vulnerando el derecho a la vida que protege la Constitución. La condena se limita a la Administración aragonesa porque era la única demandada en ese proceso judicial, pero el fondo de Fallo es más extenso y apunta directamente contra la gestión desarrollada por el Estado, con el Gobierno central al frente. Así, puede leerse en el Fundamento de Derecho Cuarto, punto 3.8: «Si bien, podría existir la creencia o confianza errónea de que debido a la distancia con China y no existir vuelos directos con Wuhan, sería difícil la propagación del virus a España, desde el momento en que se conocen casos en Alemania el 27 de enero o Italia el 31 de enero de 2020, era más previsible la posibilidad de la propagación en nuestro país. De hecho, el 31 de enero apareció el primer caso en la Gomera y nueve días después se detectó otro caso coronavirus Covid-19 en Palma de Mallorca. Era predecible que llegara a la Península, en atención al modo de transmisión entre personas por contacto estrecho, (Informe y protocolo del 23 y 24 de enero de 2020) y efectivamente, el 24 de febrero, el virus saltó a la península, detectándose los primeros casos en la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad valenciana». Y ahora concluyan quién es superfluo o no en épocas de pandemia. No creo equivocarme si afirmo que el porcentaje de respuestas señalando a Pablo Iglesias será bastante mayor que el de personas que desconocen cuál es ese ministerio que dice dirigir.-
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