Por Alberto Llana
El pasado 15 de septiembre la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) publicó una nota de prensa en la que anunciaba que un juzgado central de lo contencioso había admitido a trámite su demanda, interpuesta contra el ministerio del Interior, por no cumplir la cláusula tercera del Acuerdo salarial firmado en marzo de 2018 entre el propio ministerio y asociaciones y sindicatos policiales. Inmediatamente comenzaron las especulaciones acerca de la suerte final de la demanda, lo cual deberá esperar un tiempo toda vez que el juzgado ha señalado el día 11 de enero de 2023 para la vista, y eso que el trámite se ha interpuesto por el procedimiento abreviado. Además, no sería descabellado pensar que ese no será el final del camino ya que cualquiera de las partes que no obtenga el resultado apetecido recurrirá el fallo.-
Para situarnos correctamente, debemos repasar lo recogido en esa cláusula tercera: «Se destinarán 100 millones de euros cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo». El caso es que hasta el momento no se ha gastado ni un euro en ese concepto y teniendo en cuenta que el Acuerdo debería ejecutarse en tres años, el saldo negativo se sitúa en 300 millones del ala. Recordado el objeto de la polémica es lógico preguntarse si esta demanda tiene posibilidades de ser estimada. Y la respuesta no resulta sencilla porque existen argumentos a favor y en contra que deberá ponderar la sala de justicia. De un lado tenemos a Marlaska, el cual llega a su cargo político con un Acuerdo firmado por el anterior Ejecutivo y muy pocas ganas de cumplirlo. Tal es así que lo primero que hizo al respecto fue solicitar la opinión del Consejo de Estado acerca de la obligación del Gobierno actual de dar cumplimiento al Acuerdo, obteniendo una respuesta negativa: no existía el deber legal de acatar lo firmado, en opinión de ese órgano. Y no albergo duda alguna de que si no hubiera sido por un pequeño detalle Marlaska hubiera usado el Acuerdo salarial como papel higiénico. Ese detalle es que las cantidades monetarias reflejadas en el pacto ya estaban recogidas en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Una ley confeccionada por el Ejecutivo de Rajoy que el Gobierno de Pedro Sánchez hubo de asumir porque cuando llegó a la bancada azul del Congreso ya se había aprobado el inicio de su tramitación. Así, los 310 millones contemplados para el primer tramo del proceso equiparador del personal en Activo, más los 100 para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio Activo estaban presupuestados.-
Pero hay más ya que, como sabrán, los presupuestos de 2018 hubo que prorrogarlos para 2019 y 2020, por lo que había dinero para acometer las subidas salariales previstas en el Acuerdo en esos años. De no ser así, de haber podido el actual Ejecutivo elaborar una ley presupuestaria para esos dos ejercicios, quizás hubieran desaparecido esas partidas económicas. No está de más apuntar que el propio Marlaska maniobró de forma tan descarada como torticera para rechazar el primer informe elaborado por una empresa consultora y que señalaba algo trascendente: resultaba necesario aumentar el montante económico previsto para llegar a la equiparación real entre los sueldos de guardiaciviles y policías nacionales con los de los mozos de escuadra. Y ello dado que la cláusula primera de lo rubricado dice que «La Secretaría de Estado de Seguridad se compromete a contratar los servicios de una Consultoría Externa, que fije criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta. Dicha consultoría analizará las cifras de equiparación puesto a puesto, y fijará las correcciones que sean necesarias, que serán incorporadas una vez finalizado el trabajo de la Consultora...». El titular de la cartera de Interior, como digo, rechazó ese primer texto y ordenó confeccionar otro que, casualmente, concluyó que esos 807 millones eran suficientes para equiparar las nóminas, con lo que se ahorraron, como poco, unos 700 millones.-
En resumen, que por mucho que este Gobierno se empeñe en argumentar que no tenía obligación legal de cumplir lo acordado, lo cierto es que el dinero estaba recogido en la ley presupuestaria original y posteriormente prorrogada y no les salió de salva sea la parte utilizar ese saldo para lo que estaba previsto. Y llegados hasta aquí me gustaría terminar advirtiendo de una cuestión que salta a la vista. Resulta que hace unos días este Gobierno publicitó a los cuatro vientos su buena gestión al aumentar significativamente los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional, claramente mermados en años pretéritos. No les falta razón en cuanto a cuestiones numerarias, pero también resulta cierto que recuperar el número de agentes que había a finales de 2011 era cuestión imperativa para intentar volver a los niveles de seguridad que había en aquellos años. Pero claro, si desde 2018 disponen de una cantidad de 100 millones anuales para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al Servicio Activo y no los ejecutan, ¿qué conclusión debemos extraer de ello? Pues yo no tengo dudas: el compromiso real de este Gobierno con la seguridad ciudadana cojea de los dos pies.-
