Por Alberto Llana
Leo un mensaje enviado por redes sociales del máximo responsable de una asociación profesional de guardiaciviles en la que expresa su temor por la sentencia que debe emitir el Tribunal Supremo acerca del tan conocido cese del Coronel Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Benemérita en Madrid, auspiciada por Marlaska. Sus miedos se centran en que ese pronunciamiento deje expuesta a la discrecionalidad política los destinos de un 17% de la plantilla de la Guardia Civil. Sobre este particular me gustaría realizar ciertas apreciaciones personales, comenzando por decir que ese porcentaje señalado se refiere, lógicamente, a destinos de ‘libre designación’, es decir, unos puestos de trabajo que son asignados de forma discrecional, bien por decisión política o por capricho de los mandos del Cuerpo. Al margen de que este tipo de vacantes sean legales, incluso lógicas en casos concretos, y estén contempladas en la normativa de aplicación a la Guardia Civil, lo que llama poderosamente la atención es el altísimo porcentaje existente en la actualidad. Para tener una idea más aproximada cabe reseñar que en la Policía Nacional este tipo de destinos se extiende tan solo al 4% de su plantilla (y aún así es mucho).-
Si a este máximo responsable asociativo le preocupa lo que responda el Tribunal Supremo al Coronel cesado debería repasar la jurisprudencia del Alto Tribunal, la cual insiste en el carácter excepcional que la ley le asigna al sistema de libre designación. Una excepcionalidad incompatible a todas luces con la profusión existente en la Benemérita. En palabras del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), «La libre designación se reserva para determinados puestos directivos o para aquellos que requieren un especial grado de confianza o de responsabilidad», y dado que los puestos directivos están tasados y no son muchos, solo cabe deducir que la inmensa mayoría de ese señalado 17% corresponde a puestos de confianza, por lo que concluyo que en la Guardia Civil abunda la desconfianza, como reza el titular.-
No obstante el temor de este señor es compartido ya que también ha salido a la palestra otra organización que, aunque no sea representativa, representa los intereses de aquellos que se consideran propietarios del Cuerpo. En palabras suyas, la asociación de los que no creen en asociaciones. Vamos, que me recuerdan al insigne Groucho Marx cuando afirmaba aquello de que no deseaba pertenecer a un club que lo admitiera como socio. Siguiendo esa línea de pensamiento, aseguran que existe desazón en la Institución toda vez que 'confianza' significa «esperanza firme en que otra persona actúe como ella desea», por lo que «los guardias civiles nos tememos que la permanencia en nuestros destinos puede depender de conseguir satisfacer la esperanza que el responsable político de turno tenga depositada en nosotros». Y aquí ya me pierdo porque parece ser que están más que conformes con el hecho de que la mayoría de destinos 'a dedo' se adjudiquen por cuestiones de confianza pero no con que se revierta la situación cuando se ha perdido la misma. Quizás en su vesania la tan repetida confianza se mantiene inalterable pese al transcurrir del tiempo y los acontecimientos, de tal guisa que una vez usado ese comodín para obtener una vacante ya no hay marcha atrás. Pues esa y no otra es la esencia de este tipo de destinos. Lo que ocurre en realidad es que les molesta que otros puedan ejercer una potestad que desearían administrar a su manera, y esta afirmación encuentra apoyo en el hecho de que no dicen una palabra sobre el escandaloso porcentaje de 'dedazos' referido anteriormente pero sí mencionan eso de satisfacer la esperanza del responsable político de turno, obviando que muchos agentes tienen que satisfacer diariamente la esperanza del superior que les otorgó la gracia que disfrutan.-
Es más, si realmente les preocupara el futuro de las vacantes de libre designación y no solamente uno o dos casos concretos, politizados hasta la saciedad tanto por tirios como por troyanos, deberían consultar la jurisprudencia ya existente emitida por el Tribunal Supremo. Como ya comenté en mayo de 2021, una sentencia fechada el mes anterior y pronunciada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, referida al cese de una funcionaria que ocupaba un puesto de libre designación, dejó patente que «No hay discusión en que, como la de todo acto discrecional, la motivación no sólo es imprescindible, de acuerdo con el artículo 35.1.i) de la Ley 39/2015 (...), sino que no puede limitarse a la competencia. Desde luego, ha de comprender los hechos y fundamentos de Derecho según dice este precepto y (...) ha de explicar las razones que han llevado al cese del libremente designado de manera suficiente para que sepa por qué se le cesa y pueda defenderse de esa decisión». Dicho lo cual, no creo que el Supremo vaya a cambiar su criterio en el caso concreto que les desasosiega. Si por un casual le dieran la razón al demandante será por la nimia, casi penosa, motivación desplegada por la Directora General de la Guardia Civil y apoyada por el Secretario de Estado de Seguridad a la hora de darle la patada al Coronel.-
Pero ese fallo que comento también aborda la cuestión de la 'confianza' a la hora de asignar estos destinos caprichosos, argumentando lo que sigue: «No se trata, por tanto, de la mera confianza personal entre quien debe decidir la provisión de este modo y el nombrado. La idoneidad en la que piensa la Ley es otra cosa, tiene carácter profesional, dice relación a la capacidad para asumir la responsabilidad que entraña el desempeño del puesto y es la que ofrece el fundamento al nombramiento que, dentro de esos márgenes, puede hacer libremente el órgano competente. La motivación necesaria a la hora del nombramiento ha de discurrir en este sentido, tal como ha señalado la jurisprudencia...». Queda por ver si los altos responsables de la Benemérita están dispuestos a cumplir con esta parte porque hasta ahora poco caso le han hecho. Y también conocer la opinión de estos iluminados que por alguna razón desconocida sacan a relucir ahora este tema, cuando lleva muchos meses coleando sin que lo recordaran y todavía faltan otros cuantos para descubrir la decisión del Supremo. Quizás sea debido al aburrimiento estival o quizás porque son meras marionetas que responden automáticamente a los tirones de las manos políticas que les manejan.-
De cualquier modo, lo que debe abordarse de una vez por todas es una reforma normativa interna que respete los postulados jurisprudenciales referentes al nombramiento y cese de los destinos de libre designación, rebajando el tremendo porcentaje existente en la Guardia Civil hasta llegar a ese carácter excepcional que la ley impone, cuestiones éstas totalmente ajenas a lo que les interesa de verdad a esos iluminados a los que me refiero. Si por ellos fuera, todos los destinos de la Benemérita serían de libre designación y la potestad para nombrar y cesar recaería solamente en la cúpula del Cuerpo ya que, como resulta notorio, no está nada politizada. Ay, que lejos quedan aquellos buenos tiempos en los que se expulsaba a los guardiaciviles con un simple mensaje de radio, ¿verdad?
