Por Alberto Llana Publicado el 26 de julio de 2016
El movimiento sindical en el Cuerpo de la Guardia Civil asienta sus raíces en la famosa ‘manifestación de la seguridad social’ protagonizada por policías y guardias civiles el 17 de diciembre de 1976 en Madrid. En aquellos convulsos tiempos políticos -poco más de un año después del fallecimiento de Franco, recién aprobada la Ley de Reforma Política y el año en que detienen a Carrillo disfrazado con una peluca y el PSOE celebra su primer Congreso después de la Guerra Civil- varios cientos de miembros de ambos cuerpos deciden salir a la calle y solicitar mejoras sociales, laborales y salariales.-
A partir de ese momento el camino sindical de la Policía y el de la Guardia Civil emprenden caminos diferentes. Mientras la Policía cambia de nombre y se desmilitariza, reconociéndose su derecho a formar sindicatos profesionales, en la Benemérita -pese a que la Constitución de 1978 la desligue de las Fuerzas Armadas- se continúa con la idea del carácter militar de sus miembros, lo cual conlleva una ultramilitarización de la Institución y una férrea persecución del movimiento sindical, cuya palpable demostración es la denominada "Operación Columna", un conjunto de acciones diseñadas por el Gobierno de Felipe González para abortar un problema creciente y de difícil manejo para ellos al confrontarse la promesa socialista de 1982 de desmilitarizar la Guardia Civil con el ‘descubrimiento’ del Cuerpo, una vez llegados al poder y darse cuenta de lo beneficioso de una institución fuertemente disciplinada.-
En 1990, terminada la antedicha "Operación Columna", el Gobierno decide afrontar la cuestión desde un punto de vista mas legal, confeccionando un régimen disciplinario propio para la Guardia Civil -que se regía por el de las Fuerzas Armadas-, y contemplar el movimiento sindical como falta muy grave con posibilidad de expulsión del Cuerpo. Ante este nuevo enfoque gubernamental, algunos miembros del SUGC deciden adaptarse a las circunstancias y optar por la vía asociativa, al objeto de crear una organización profesional que defienda los derechos sociolaborales de los componentes de la Benemérita. Así, a comienzos de 1991, los guardias civiles José Luis Bargados Fernández y Alberto García Llana comienzan la elaboración de estatutos para tratar de inscribir una asociación de guardias civiles.-
En aquellos momentos la ley permitía la inscripción de asociaciones compuestas por militares que tuvieran como objetivo fines sociales, culturales, deportivos o religiosos. Por tal motivo se elaboran estatutos que contemplan todas las opciones viables y sus combinaciones, enviándolos al Registro Nacional de Asociaciones para su posible inscripción. El Registro rechaza todas y cada una de las peticiones alegando que los estatutos albergan fines reivindicativos, lo cual, según su opinión, es incompatible con la condición de militar. El siguiente paso es adaptar los estatutos a las exigencias del Registro, eliminando cualquier rastro de actividad ‘reivindicativa’, obteniendo la callada por respuesta. Simplemente optaron por ignorar las peticiones para registrar una organización de guardias civiles no controlada por la propia Administración. Este hecho provoca lo que se conoce por silencio administrativo y se decide iniciar el camino de los Tribunales. Se recurre ante la Audiencia Nacional para que se pronuncie sobre la legalidad de una asociación de miembros del Cuerpo y para ese fin se escoge, entre las muchas organizaciones presentadas, una cuyos fines son socio-culturales y denominada ‘Asociación 6 de julio de guardias civiles’.-
Mientras el asunto de la inscripción de la ‘Asociación 6-J’ está pendiente de sentencia, el 26 de abril de 1994 un grupo de personas encabezado por el Sargento de la Guardia Civil José Morata constituye la ‘Coordinadora pro-perjudicados por la gestión de Luis Roldán y la corrupción’, al hilo del escándalo de corrupción del entonces Director General de la Guardia Civil. Posteriormente Morata sería expulsado del Cuerpo por su actividad en el SUGC.-
El 26 de julio de 1994, la Audiencia Nacional estimó la demanda presentada por José Luis Bargados en el sentido de ordenar la inscripción de la ‘Asociación 6 de julio de guardias civiles’ en el Registro Nacional de Asociaciones. Cabe recordar que la inscripción de una asociación en el Registro correspondiente solamente se realiza a efectos de publicidad. Como bien recuerda la aludida Sentencia de la Audiencia Nacional (Recurso 2.401/1994):
“…habida cuenta de que el Texto Constitucional en su art. 22.3 señala que ‘las asociaciones constituidas al amparo de este artículo, deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad’, lo que viene a demostrar que ni la Ley 191/64, de 24 de diciembre, ni la propia Constitución hacen referencia al contenido del art. 2º del R.D. 713/77, de 1º de abril, resulta que si de acuerdo con los Estatutos y acta fundacional puede deducirse cuales sean los fines perseguidos por la Asociación y estos son lícitos, no hay razón legal y objetiva alguna para denegar esa inscripción, máxime si este acto, como dice el Texto Constitucional, no lo es a efectos constitutivos, y sí solo a efectos de publicidad…”.-
Días después del Fallo judicial, el 2 de agosto de 1994, el Registro Nacional de Asociaciones inscribe la ‘Coordinadora pro-perjudicados por la gestión de Luis Roldán y la corrupción’, que se empieza a conocer como ‘COPROPER’. Dado que los fundadores de ambas organizaciones se conocen por su actividad en el SUGC, deciden juntar esfuerzos y de esa manera, los días 6 y 7 de octubre de 1994 se produce una reunión en la que se resuelve unificar ambas asociaciones y alumbrar la conocida ‘COPROPER-6J’. También se aprueba una ampliación estatutaria con el firme propósito de convertirse en una organización profesional. De igual forma se decidió adoptar la denominación de ‘Asociación Unificada de Guardias Civiles’. Tanto el cambio estatutario como el de nombre fueron nuevamente rechazados por el Registro Nacional de Asociaciones, dando paso a nuevas luchas judiciales. Nuevamente la Audiencia Nacional falla a favor de COPROPER-6J, mediante Sentencia de 14 de enero de 1998, ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo, que afirma que los fines repudiados por la Administración: “…no sólo son completamente lícitos dentro del marco de nuestro Ordenamiento Jurídico, sino que son altamente saludables, al articular a través de la vía asociativa la participación ciudadana, al logro de una Administración que sirva con objetividad los intereses generales, tal y como proclama el art. 103 de la Constitución, a fin de que no se utilicen potestades públicas para el interés privado cuando éste difiere del general a que toda actuación pública se debe por mandato del precepto constitucional mencionado”.-
A partir de la unificación de COPROPER-6J el movimiento asociativo en la Guardia Civil se extiende como una mancha de aceite por todo el país, tratando de que la Constitución y los Derechos Fundamentales de todo ciudadano español sean, no solo defendidos, sino disfrutados por los miembros de la Benemérita y sus familias, inmersos en un universo paralelo donde solamente pueden contemplar y amparar los cambios, sin llegar a experimentarlos. En 1998 COPROPER-6J presenta en el Congreso de los Diputados sus propuestas para el modelo policial en el siglo XXI y su Congreso de Valencia es espiado por el Ministerio del Interior. El 6 de diciembre de 2001 miles de ciudadanos se manifiestan ante la Dirección General del Cuerpo convocados por la Plataforma de Familiares y Simpatizantes de la Guardia Civil, lo que se repite en 2002 ante el Ministerio del Interior y también en 2003 en Salamanca.-
En 2002 se crea el Consejo Asesor de Personal en la Guardia Civil (CAP), una especie de órgano semidemocrático que busca canalizar las inquietudes de los guardias civiles en un intento de restar protagonismo a la AUGC y resto de asociaciones que han nacido siguiendo el camino de la misma. Para este propósito se diseñó un intrincado sistema de votación en el que no podían participar las organizaciones de guardias civiles. A pesar de ello, AUGC apoyó las candidaturas de muchos compañeros que se presentaron individualmente a esas elecciones, obteniendo un total de 32 Vocales en el CAP. En 2004, tras el triunfo electoral de Zapatero, se nombra a un General de las Fuerzas Armadas como Director General de la Guardia Civil, el cual no tiene interés alguno en escuchar a los representantes en el CAP, lo que motiva la dimisión de los 32 Vocales apoyados por AUGC.-
El 22 de abril de 2006 varios miles de guardias civiles se concentran en la Plaza Mayor de Madrid, convocados por AUGC bajo el lema “Guardias civiles por la dignidad y con la democracia”. El 20 de enero de 2007 se repite la concentración, en esta ocasión con mayor afluencia de miembros del Cuerpo y muchos de ellos vistiendo el uniforme reglamentario, exigiendo “DERECHOS ¡YA!”, lo que provoca una reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil y una ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil con reconocimiento expreso de las asociaciones profesionales. Otras tres grandes manifestaciones tendrían lugar en los siguientes años (2008, 2010 y la reciente 'MareadeTricornios' de noviembre de 2015). En 2009 se celebraron las primeras elecciones al nuevo órgano que sustituye al mencionado CAP y denominado Consejo de la Guardia Civil. En esta ocasión las organizaciones profesionales presentan candidaturas y AUGC obtiene 9 de los 15 Vocales en disputa. En 2013 se desarrolla un nuevo proceso electoral obteniendo AUGC 8 de los 16 Vocales elegibles.-
En la actualidad la Asociación Unificada de Guardias Civiles cuenta con más de 25.000 afiliados y 47 Delegaciones provinciales, siendo la mayoritaria con diferencia en el seno del Cuerpo y una de las organizaciones policiales más potentes de Europa por número de asociados.-
Pero más allá de fechas y acontecimientos concretos, lo que debe destacarse son las circunstancias en las que la AUGC se gestó y comenzó su camino. Resulta muy difícil explicar o situar correctamente a los profanos en el contexto de tiempos pretéritos, pero se intentará. La feroz persecución a la que eran sometidos todos aquellos componentes del Cuerpo que de alguna manera se destacaban en la lucha por una Guardia Civil moderna, democrática y con los mismos Derechos que cualquier otro funcionario público es complicado de concebir, si no se sufre de primera mano. No obstante, es posible imaginar lo que es sentirse acosado por esa maquinaria monstruosa; asentada, desarrollada y perfeccionada durante más de siglo y medio y que en aquellos tiempos se aplicaba de manera inmisericorde con cualquier atisbo de implantar algo de realidad democrática en los páramos beneméritos. Lo poco que se conoce de la denominada "Operación Columna" llega a causar pánico. Pinchazos telefónicos, registro de buzones, seguimientos, falsas acusaciones que servían de excusa para ordenar el ingreso preventivo en prisiones militares, sin olvidar el internamiento en instituciones de tipo mental ya que la Dirección General de la Guardia Civil consideraba a aquellos sindicalistas poco menos que paranoicos. Tampoco se libraba el entorno de los afectados, siendo espiados familiares, vecinos, periodistas, abogados, sindicatos de clase…
A un clima tan sobrecogedor debe sumarse todo lo que estaba en juego: tu profesión (en realidad, tu vocación), el sustento de tu familia, tu futuro, tu honorabilidad y lo que ello engloba, que no es poco. Y en ese ambiente hubo algunos que decidieron guiarse por lo que consideraban justo y digno sin importarles demasiado las consecuencias. El Pepito Grillo que en mayor o menor medida habita en nuestras cabezas y corazones estaba muy acentuado en aquellas personas, tanto o más que los preceptos tradicionales que rigen la Guardia Civil, y por ello consideraron que el honor, el sacrificio, la constancia y la paciencia eran valores aplicables en la búsqueda de algo lógico y justo. Simplemente se negaron a aceptar que la democracia y los Derechos Constitucionales pasaran de largo ante las puertas de los cuarteles beneméritos sin entrar siquiera a saludar.-
