Escrito por LlanAUGC 04-02-2018
Por Alberto Llana
He consultado los sinónimos de ‘recortar’ y aparece uno que me viene bastante bien al caso. Se trata de ‘mondar’, con lo que puedo hacer un juego de palabras con el apellido de Cristobal Montoro y dejarlo tal y como titulo este comentario. Y la razón que me ha empujado a manipular el apellido del ministro de Hacienda y Función Pública es la noticia aparecida en medios de comunicación y que hace referencia al recorte de las previsiones económicas destinadas a lograr una equiparación salarial efectiva entre los trabajadores de los cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional con sus homólogos de los Mossos de Escuadra. La crónica cifraba la rebaja en 900 millones de euros (nada menos), es decir, de los 1.500 millones en tres años solicitados por los afectados y asumidos por la Administración, a los 600 millones que, al parecer, está dispuesto a ofrecer ‘Mondoro’.-
Esa exclusiva periodística, avanzada por un diario digital, intentó ser confirmada por otros medios de comunicación a través del propio ministerio del Interior, el cual negó la mayor a sabiendas de que estaba mintiendo, algo inexplicable a falta de pocas horas para la siguiente reunión de la Mesa Técnica sobre equiparación salarial y que demuestra a las claras las formas torticeras con que la Administración afronta la resolución definitiva de esta injusticia ancestral.-
Es cosa sabida que, cuando comenzaron las conversaciones entre el ministerio del Interior y las organizaciones representativas (sindicatos y asociaciones) de agentes de ambos cuerpos, Zoido hizo entrega de un documento en el que se comprometía a impulsar la financiación de la equiparación salarial total y completa con los Mossos, hasta un límite máximo de 1.500 millones en los tres próximos ejercicios presupuestarios. Ahora diseccionemos lo expuesto, comenzando con el plazo comprometido. El escrito presentado por el ministro habla de los tres próximos ejercicios presupuestarios, lo cual debe interpretarse como que, de no aprobarse los presupuestos generales, el periodo anual que se trate quedaría excluido de tal cómputo. Por tanto lo de afrontar la equiparación en tres años es bastante suigéneris. De otra parte, la cantidad contemplada en el texto es la máxima que está dispuesta a aceptar la Administración, pero no la mínima, dado que si con un montante inferior se logra el objetivo de equiparar total y completamente los salarios de los cuerpos estatales con el autonómico, no haría falta aflojar más la cartera.-
Pero, como decía al principio, esa era una noticia publicada en prensa y quedaba esperar confirmación oficial, la cual debería producirse en las reuniones previstas entre los directores generales de la Guardia Civil y la Policía Nacional con las organizaciones representativas de los funcionarios de uno y otro cuerpo, previstas para el día 2 de febrero. Y las peores expectativas se ratificaron. Así, en el encuentro referente a la Guardia Civil, José Manuel Holgado trasladó una oferta total de 600 millones de euros en tres años, de los cuales, entre 65 y 70 millones se destinarían a equiparar los Complementos Específicos Singulares de los miembros de la Benemérita con los de la Policía Nacional y el resto para equiparar las nóminas de los agentes de los dos cuerpos con los de los Mossos de Escuadra. Tal ridícula oferta obedece a los cálculos engañosos hechos por la Administración en función del coste medio de un Mosso de Escuadra, tasados a base de dividir el coste total de los gastos de personal en ese Cuerpo entre el número de funcionarios existente. Como digo, esa fórmula no puede considerarse válida de ningún modo. De primeras porque, si bien al hacer esa misma operación matemática en la Policía, la diferencia es de unos 3.500 euros menos al año por trabajador, en la Guardia Civil ese detrimento se multiplica por dos. Y de segundas, porque no se trata de destinar igual montante económico anual por funcionario, sino de que los funcionarios que realizan igual o similar servicio, perciban las mismas retribuciones. Es decir, la Administración puede argumentar que destina, por ejemplo, 38.000 euros/año por funcionario de cada uno de los cuerpos implicados y, a la hora de la verdad, encontrarnos con que las nóminas de los que patrullan a nivel estatal son menores que las de quienes realizan igual función a nivel autonómico. En otras palabras, la Administración ha cambiado repentinamente de discurso y ahora ya no hablan de “equiparación salarial”, sino de “equiparación presupuestaria”. Y eso no tiene por qué ser lo mismo. En este caso concreto es tan distinto que la diferencia se sitúa en 900 millones de euros menos de lo necesario, ¡casi nada! Y como se ha dicho desde siempre, la cuestión es muy sencilla: a igual servicio, igual sueldo.-
En resumen, que haciendo las cuentas como deben hacerse, o sea comprobando lo que cobra cada policía desarrollando el cometido asignado y luego equilibrando lo que percibe cada cual, tomando como referencia la cantidad mayor, el resultado aproximado se acerca a esos 1.500 millones que reivindican las organizaciones representativas y espero que esa sea finalmente la cantidad que acepte la Administración. Cierto es que estamos todavía en los primeros estadios de una negociación que se presume larga, aunque no debería serlo por haberse iniciado demasiado tarde, pero es lo que hay. Personalmente barrunto que esta oferta cuasi insultante es una forma de tratar de rebajar las expectativas así como el montante económico final de la esperada equiparación salarial y que en el futuro las cantidades que se pondrán sobre la mesa serán más realistas. Espero acertar en los pronósticos, aunque ello depende en gran medida de nuestra propia fortaleza a la hora de defender lo que es de justicia.-
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