EXCESIVO RIGOR DE LA FISCALÍA

Por Alberto Llana

Leo una sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo respecto a un recurso de casación interpuesto contra un fallo condenatorio que la Fiscalía Togada intenta tumbar en base a una interpretación exacta y milimétrica de la ley. Así, el artículo 874 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, respecto del recurso de casación, que: «…se interpondrá en escrito, firmado por Abogado y Procurador autorizado con poder bastante, sin que en ningún caso pueda admitirse la protesta de presentarlo. En dicho escrito se consignará, en párrafos numerados, con la mayor concisión y claridad:

1.º El fundamento o los fundamentos doctrinales y legales aducidos como motivos de casación por quebrantamiento de forma, por infracción de ley o por ambas causas, encabezados con un breve extracto de su contenido.

2.º El artículo de esta Ley que autorice cada motivo de casación.

3.º La reclamación o reclamaciones practicadas para subsanar el quebrantamiento de forma que se suponga cometido y su fecha, si la falta fuese de las que exigen este requisito.

Con este escrito se presentará el testimonio a que se refiere el artículo 859, si hubiese sido entregado al recurrente, y copia literal del mismo y del recurso, autorizada por su representación, para cada una de las demás partes emplazadas.

La falta de presentación de copias producirá la desestimación del escrito y, en su caso, se considerará comprendida en el número 4.º del artículo 884.

La adhesión al recurso se interpondrá en la forma expresada en los párrafos anteriores de este artículo».-

Pues bien, la Fiscalía Togada solicitó la inadmisión del recurso por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 874.2º de la Ley, es decir, por no haber indicado los artículos de la norma que autorizan el recurso de casación. En palabras de la Sal de Justicia: «A juicio del Ministerio Fiscal, silenciar esta indicación es tanto como incumplir un requisito del recurso al que debiera anudarse la consecuencia prevista en el artículo 884.4º del mismo texto legal: la inadmisión por inobservancia de los requisitos que la ley exige para la preparación o la interposición.

En opinión de la Sala, sin dejar de reconocer que la literalidad del precepto invocado por el Ministerio Público parecería acoger la tesis que postula, alcanzar este grado de rigor en la exigencia de las precisiones aludidas, equivale a un formalismo difícilmente compaginable con la tutela judicial garantizada en el conocido artículo 24 del texto constitucional, en su vertiente del derecho a la obtención de una resolución fundada sobre el fondo de las pretensiones deducidas.

  Es cierto que a lo largo del escrito de recurso no se citan los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a cuyo amparo se formulan los diferentes motivos, y que con ello, en rigor, se incumple la exigencia plasmada en la norma. Ahora bien: del enunciado de todos y cada uno de tales motivos, y asimismo de la lectura de su contenido, ninguna duda cabe albergar en torno a los concretos cauces casacionales que entiende a su favor el recurrente, ni mucho menos pueden ignorarse las razones -fácticas y jurídicas- por las cuales se muestra contrario a la sentencia que impugna. De tal modo, extremar la exigencia de cita formal de un precepto (ya no digamos de su correcta invocación) hasta el punto de convertirlo en causa de inadmisión de plano (o de desestimación consecuente) entendemos que sobrepasa el grado de rigor razonablemente sostenible aun tratándose del ámbito del recurso de casación.

En alguna otra ocasión esta misma Sala advirtió defectos en la construcción del recurso de casación que por afectar a elementos inexorables- pudieran haber conducido a la aplicación de las consecuencias antes apuntadas, si bien, adentrándose en el ámbito de la viabilidad de los motivos en cuestión, dio cumplida y minuciosa respuesta a las alegaciones integrantes del recurso, en un entendimiento del derecho a la tutela judicial que hoy, de nuevo, se sostiene como alejado del formalismo rigorista. Ejemplos de esta forma de entender el umbral de exigencia que venimos comentando son -entre otras muchas- las SSTS (5ª) 26/2024, de 10 de junio; o 66/2023, de 12 de julio. Al amparo de "la amplia interpretación del derecho a la tutela judicial efectiva que tradicionalmente viene realizando esta Sala, las causas de inadmisión devienen en causas de desestimación si se desciende, siquiera someramente, en el análisis de la argumentación de la parte recurrente" (en línea con lo sostenido en la STS (5ª) 25/2023, de 12 de abril. FJ Séptimo).

En el mismo sentido podríamos citar la jurisprudencia constitucional, que en su doctrina ya clásica, marcó las pautas interpretativas con arreglo a las cuales han de ser aplicados -en el ámbito de la tutela judicial efectiva aquellos preceptos que establezcan requisitos procesales que puedan afectar al acceso a la jurisdicción».-

Sólo me queda desear el mismo rigor en la interpretación de la norma por parte de la Fiscalía en referencia a las resoluciones administrativas, al menos en el ámbito de la Guardia Civil, que es el que mejor conozco.-