Por Alberto Llana
Publicado originalmente el 06 de diciembre de 2015: https://www.facebook.com/LlanAUGC/posts/930917460322780
Esta semana hemos celebrado el Día de la Constitución Española. Y resulta que he recordado este comentario publicado en mi Facebook en 2015 y que no había puesto en mi blog, que no deja de estar de actualidad dada la deriva política que estamos experimentando en la actualidad. Por ello aprovecho la tesitura y lo difundo de nuevo.-
«En este Día de la Constitución me gustaría reclamar mi derecho a decidir. Llevo un tiempo escuchando, viendo, soportando... los argumentos de una parte de españoles que exigen respeto hacia su derecho a dilucidar cuestiones trascendentales para el futuro de mi país, con la exigencia adicional de que nadie más se inmiscuya en tales asuntos, salvo la parte del Estado que ellos consideran oportuna. Es decir, que se atrincheran en sus posturas incomprensibles e indefendibles y piden a los demás que las respeten, mientras, por sistema y conveniencia, deniegan tal respeto hacia quienes piensan que tienen y deben opinar sobre el particular.-
Creo firmemente que en un Estado de Derecho se puede defender casi cualquier postura por vías pacíficas. Y digo casi cualquiera porque es sabido que ciertas teorías totalitarias o discriminatorias resultan ajenas a los propios valores constitucionales, por muy pacíficamente que se defiendan. En definitiva, que los derechos reconocidos en las leyes y, aún, aquellos que por extensión deberían de corresponder a cualquier ser humano, no son de ninguna manera absolutos, tienen límites. Resulta un ejercicio de obviedad recordar la máxima de que el derecho de una persona termina donde empieza el ajeno. Y el derecho ajeno de aquellos que quieren ejercer el propio de decidir el futuro de España bajo los condicionantes que les vienen en gana, conforma el límite de hasta dónde pueden llegar de manera sosegada. Un paso más en esa apuesta excluyente e irrespetuosa con el derecho ajeno les llevaría a abandonar la vía pacífica y, por consiguiente, a situarse al margen del Estado de Derecho.-
Aceptar como válido el hecho de que una parte de la ciudadanía de un país -tamizada con el imaginario cedazo de diferencia cultural, lingüística, situación geográfica, fe o cualquier otra que se pueda pretender-, resulta soberana en la tarea de determinar hasta donde llegan las fronteras del Estado, al margen de disquisiciones legales de las cuales se encargarán los entendidos en la materia, resulta una aberración que mina las bases sobre las que se constituye, ya no un país, sino la propia civilización si me apuran. Bajo tal prisma podría defenderse igualmente el derecho a decidir de cualquier segmento de la sociedad que, en un momento dado, desee apartarse del resto por conveniencias puntuales. Así podríamos acabar presenciando como términos municipales, ciudades, barrios, personas altas, bajas, con pelo de determinado color, con un cociente intelectual concreto o la combinación de parte o todas esas razones, supone un argumento válido para defender el derecho a decidir propio mientras se cercena el ajeno. Luego, lógicamente, cabría esperar un espectáculo similar entre los segregados cuando una parte de los mismos encuentre nuevas razones para separarse del resto de sus nuevos conciudadanos.-
En un día como este se votó la Constitución Española con un índice de participación superior al 67%, de los cuales casi el 90% dijeron si a la misma. Este alto índice de vinculación y el gran apoyo obtenido por la Norma Suprema se ve ahora cuestionado por unos pocos, con excusas de lo más variopintas, en el intento de convencer al resto de que aquella fecha histórica no es otra cosa que una mera anécdota que puede ser revisada conforme a elementos de valoración fijados en base a intereses espurios, interesados o partidistas. En el supuesto de que un planteamiento tan disparatado pudiera hacerse realidad, mantengo mi derecho a poder opinar mediante mi voto sobre ello. Me niego a aceptar cambalaches políticos que hurten a la soberanía popular la capacidad decisoria acerca de una cuestión tan primordial, arguyendo que se realiza a través de los representantes elegidos en las urnas. Ya se hizo en dos ocasiones anteriores (1992 y 2011) y por muy legal y poco importante que pudieran parecer las reformas, significó un desprecio hacia el derecho a decidir de los ciudadanos españoles. No quiero que esos precedentes puedan dar lugar a una nueva vulneración de mi legítimo privilegio en pro de contentar a una minoría que pretende destrozar el espíritu de consenso vivido en 1978 solo porque les sale de los cojones».-
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